Aunque está demostrado que la decisión de elegir a un gobernador para solo año y medio de gestión es altamente costosa y operativamente inoperante; el morenovallismo ha decidido apoyar con todo esa iniciativa, la cual no tendría otro sustento que fortalecer las apetencias presidencialistas del actual inquilino de Casa Puebla.
En una entrega reciente abordé el tema explicando la inoperancia de un gobierno de solo seis años, independientemente de que esa elección tendría exactamente los mismos costos que elegir a un gobernador para cuatro años y medio, que es la solución más inteligente que podrían tomar los diputados para homologar las elecciones locales con las federales.
¿Cuántas veces nos hemos quejado de los millones que nos cuesta a los mexicanos cada elección?
Bueno, pues por increíble que parezca, a través de la iniciativa morenovallista quieren aprobar la elección más cara de la historia, basada en un interés político personal, sin importar el despilfarro electoral.
Si esta iniciativa prospera, Puebla gastará en 2016 lo de una elección como la que vivimos el año pasado, y en 2018 tirar la misma millonada.

El embrollo
La necesidad jurídica —tal como lo desglosé en mi columna del pasado 7 de marzo— de que sean las dos terceras partes de los diputados los que voten y aprueben esta reforma constitucional conlleva un obligado cabildeo, el cual ya se ha calentado.
En este momento puede decirse que salvo un punto, el resto de la reforma electoral está lista para ser votada, sin embargo hay posturas encontradas respecto a la forma en la que deben homologarse las elecciones locales con las federales.
En la mesa de negociaciones están puestas a discusión tres propuestas.
1. Elegir gobernador de año y medio.
2. Elegir gobernador de cuatro años y medio.
3. Que el Congreso designe un gobernador de año y medio.
Si la lógica jurídica y la congruencia política se imponen, el segundo punto es el que deberá imperar, aunque los intereses y los proyectos políticos buscan que prospere la tercera propuesta.
Incluso, desde el 21 de octubre de 2010, en este mismo espacio escribí sobre este tema y retomé un análisis jurídico de la UNAM que explica las razones para impedir que el Congreso de un estado designe a un gobernador.
Sin embargo, la moneda está en el aire.
Veremos de qué lado cae.