Todo indica que es la primera vez que el proceso de entrega-recepción del ayuntamiento capitalino terminará en los órganos judiciales.
Al presidente Eduardo Rivera le faltó oficio y voluntad para llevarlo a buen puerto.
Y como dijimos aquí semanas atrás, si no hubo capacidad para gestionar un procedimiento meramente administrativo, difícilmente pondrán en marcha las actividades que de ordinario son competencia municipal.
Para no hablar en este punto de proyectos extraordinarios, como se esperaría de un gobierno de alternancia partidista. Por aquello de la impronta panista.
De entrada es de muy mal presagio la querella en la que ha devenido el proceso de entrega-recepción.
No sólo para la administración del joven Rivera Pérez, sino para la ciudad en general.
Con todo lo cuestionable que puedan ser algunas decisiones del gobierno del estado, la brecha entre uno y otro cada vez se ensancha más y a la hora del análisis las comparaciones son inevitables.
Durante las últimas semanas un grupo de panistas miembros del cuerpo de regidores, y con diferencias profundas con el alcalde, emprendieron una feroz campaña en contra de la administración pasada, pero sobre todo con la mira puesta en la exalcaldesa Blanca Alcalá.
Tal vez sus autores lo hicieron así con el ansia de subir unos puntitos en la opinión pública a costa de ella, y desviar la mirada crítica que ya para entonces estaba sobre los panistas.
Pero, sobria como es, Blanca aguardó paciente a la espera de que el propio Rivera pusiera orden entre los suyos.
Pero eso nunca ocurrió, no obstante que era la honra de Rivera Pérez la que estaba en entredicho y no el nombre de la exfuncionaria.
Para entonces ya se sabía que el famoso dictamen (preparado bajo la coordinación de los panistas), estaba lleno de inconsistencia y hasta de confusiones de aritmética elemental.
Por ejemplo, ya sabíamos que algunos regidores del PAN se habían equivocado a la hora de leer cifras con puntos decimales.
Pero la institucionalidad de Rivera no llegó y el fuego se atizó.
Acto seguido, publicaron una larga lista con los nombres de exfuncionarios que serían obligados a declarar.
Para entonces el dictamen ni siquiera se había sometido al pleno para su análisis, y los panistas del ayuntamiento ya hablaban de daño patrimonial por una cantidad cercana a dos mil millones de pesos.
Cualquiera sabe (pero sobre todo los funcionarios capitalinos) que las potestades de las regidores no son las del Órgano de Fiscalización, sino sólo de observación, aun siendo de acuerdo general.
Sin embargo, el curso sufrió un cambió de 180 grados el día que, en sesión plenaria, se descubrió que el dictamen, depositado para su custodia en la Secretaría General, había sido sustraído y modificado en sus cifras, y las firmas de los regidores habían sido falsificadas.
Ante esa situación un grupo de ex funcionarios de la pasada administración se ampararon contra la solicitud de comparecencia, en virtud de que la petición está fundada en documento falso.
Además, los regidores de oposición ya solicitaron la reposición de todo el proceso. Lo que quiere decir que el proceso de entrega-recepción deberá comenzar de nuevo, a partir de cero.
El secretario general y el alcalde, cuestionados al respecto por la oposición y la prensa, no supieron qué decir. Sin embargo, la mayor responsabilidad recae sobre el secretario, en virtud de que por ley la responsabilidad de la custodia del dictamen es suya.
Hay que decir por último que no son los grupos políticos y los partidos los que pierden con esta clase de desatinos y vendettas de gobernantes, sino la población.