No tiene muchos días cuando el secretario particular del procurador general de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, recibió a los afectados de un robo a un negocio de venta de autopartes; los comerciantes estaban totalmente indignados porque percibían que la Ministerio Público de Tepeaca, Verónica Mendoza Gutiérrez, había “favorecido” a dos sujetos que aprovechando la confianza que les tenían —por ser sus empleados— les habían estado robando autopartes e incluso los habían sorprendido, por eso los detuvieron.
Y “percibían” la ayuda por dos razones; primero fue que el balance de lo robado —que les fue asegurado— había sido súper alterado en sus montos, ellos denunciaban un quebranto patrimonial por 85 mil pesos y el perito Espinoza Francisco lo había valuado en 6 mi 990 pesos considerando que las autopartes estaban en mal estado, inservibles.
Con este peritaje ocurrió lo que tenía que ocurrir, los dos sospechosos fueron consignados, pero el juez los puso de inmediato en libertad tras el pago de una fianza, considerando que el monto de lo robado no era “alarmante”.
En otras palabras, los consignaron “muy flojito”.
En consecuencia, la queja llego a esta columna, pero también ante las autoridades correspondientes; en otras palabras, existe denuncia contra ambos funcionarios.
Ayer la oficina de Prensa de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), envió la siguiente carta.

El correo de los muertos…
Derecho de réplica
“Me permito hacer algunas precisiones sobre la columna PORQUE LOS MUERTOS CORREN RÁPIDO, con relación a lo asentado en el texto cuyo encabezado cita ‘En los peritajes, ¿cuánto tienes, cuánto vales?’, de su edición del 16 de Agosto de 2011.
”El 29 de julio del año en curso el Ministerio Público de Tepeaca consignó a la autoridad judicial a las dos personas detenidas como probables responsables del robo al que se hace referencia y que se encuentra denunciado en la averiguación previa 1766/2011/TEP, con fecha 28 de julio de 2011.
”En cuanto a la valoración de las autopartes mencionadas, los peritajes arrojaron que en su mayoría se encuentran en notable estado de deterioro, por lo que su utilización implica un riesgo al desconocerse su vida útil; incluso, algunas de éstas corresponden a vehículos de modelo descontinuado.
”Respecto al motor de la Pathfinder, al rendir su declaración ministerial la denunciante jamás hizo referencia al mismo; mucho menos el agente del Ministerio Público ni el perito responsable lo tuvieron a la vista al hacer la revisión física de cada uno de los objetos, motivo por el que ese artículo no se integró en el avalúo.
”Las indagatorias y demás diligencias ordenadas por el representante social que dio seguimiento al caso quedaron radicadas en el proceso penal 199/2011/Tepeaca.
”Actualmente el expediente judicial se encuentra en periodo de instrucción, por lo que el caso aún no está concluido.
”Le envío un cordial saludo y agradezco su atención.”
Hasta aquí la carta.

¿Ocultamiento de pruebas?
Dentro de la queja que fue presentada contra los dos funcionarios, se encuentra el hecho de que durante las investigaciones “fue extraviada” una página del balance de lo robado; en ésta se encontraba en primer renglón lo siguiente: “1 Motor de Pathfinder no. VA35440234A, precio 15 mil pesos”, de la que un servidor tiene las copias correspondientes.
Y repito lo mismo, ¿si no servían las autopartes, entonces para qué las robaron?
Nos vemos cuando nos veamos.