No tiene mucho tiempo que ocurrió: uno de los empleados de los hoteluchos del primer cuadro de la ciudad —no le voy a decir que fue el Variedades— recibió la visita de un grupo de sujetos que se identificaron como agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME). El que encabezaba al grupo de unos diez hombres armados, llegó gritando “donde chingaos está lo de la cuota”, y sin más amenazó con llevarse detenidos a todos, desde clientes hasta empleados y obviamente las mujeres que ofrecían sexoservicios en cuartitos totalmente insalubres y en una zona donde las ratas y las cucarachas son el principal atractivo.
El empleado le aseguró que los 10 mil pesos del “cochupo” habían sido entregados en tiempo y forma al que los representa, pero este hombre les dijo que no habían recibido nada. Palabras más, palabras menos, subieron a una camioneta al encargado y se lo llevaron por las inmediaciones de Casa Aguayo, donde le dijeron que todos iban a quedar a disposición del Ministerio Público por el delito de “trata”.
Tantas amenazas, gritos y manoteos llevaron a este grupo a recibir 10 mil pesos de manos del propietario del lupanar, quien dijo que no quería problemas y que “le entraba”. Entonces el pleito terminó, las mujeres siguieron ofreciendo sexoservicios de cómo mínimo 100 pesos y todos los delitos y agravios contra mujeres que ejercen la prostitución continuaron tranquilamente.

¿Quién anda ahí?
Quienes enviaron la queja a esta columna presumieron que los emisarios sí eran del personal de la PME, pero tras ordenar sus ideas pusieron que no podía tratarse de ellos porque tienen su propio representante y éste ya se había “reportado”. Entonces alguien les dijo que el personal de seguridad de Casa Aguayo estaba implicado en la “visita”, que parte de los hombres armados eran “madrinas” y otros efectivos de la Ministerial, pero comisionados.
Entonces salió a relucir que a principio del año, quienes se encargaban de “recolectar las rentas” de bares, casas de masajes, hoteles de mala muerte y prostíbulos, ya habían “volado” y que muchas de las corporaciones que recibían “mordida” se quedaron en espera. Obviamente se cansaron y salieron por su propia cuenta a recuperar lo que presumen les pertenece.
Así, salieron a relucir los “negocitos” de escoltas que no se conforman con su salario y que por las noches, cuando están de descanso, salen a “patrullar” por su cuenta para “completar pa’ la leche de la chata”.
Le adelanto que “el operativo” fue del conocimiento de personal de Casa Aguayo, que quienes envían la información saben cómo se las gastas los “guaruras”, pero que si de verdad desean desmantelar esta red ¿oficial? de chantajistas, no tienen más que seguirlos los fines de semana.

Y se acabaría la corrupción
El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, rozó con los dedos de su mano derecha la casi indestructible corrupción que priva en el ayuntamiento, al considerar que es necesario ampliar los horarios de cierre de negocios de “giros negros” y provocó verdadero temor de quienes se han enriquecido con el consabido permiso de “ampliación de horarios”.
Y es que si estos negocios cierran a las 5:00 en lugar de las 3:00 horas, se van a acabar los permisos “por debajo del agua”, ya que los dueños de estos lugares tendrán la oportunidad de vender más y no operar en la clandestinidad como muchos vienen haciendo.
Dos horas más para los trasnochadores son más que suficientes, tiempo necesario para consumir bebidas embriagantes, terminar y regresar a sus casas, ya no “picados”, como ocurre actualmente y que los lleva de salir de un lugar para ir a otro que no cierre, y ponerse en riesgo de sufrir un accidente.
Desde que se establecieron los cierres de negocios con venta de licor a las 3:00 horas, muchos bolsillos de funcionarios menores de la comuna se llenaron porque nadie respeto el horario. Mejor pagaron permisos extras que no ingresaron a las arcas municipales.
Y entonces aparecieron “líderes”, “padrinos”, “representantes”, que lucraron con una disposición municipal para “evitar accidentes”, que hizo todo lo contrario.
Si esta disposición se llevara a cabo, se acabarían muchos casos de corrupción. La pregunta sería: ¿se lo permitirán quienes por administraciones se han enriquecido con la “ampliación de horarios”?