Es un hecho, Víctor Antonio Carrancá Bourget tiene como meta perseguir todos los delitos de abuso de autoridad y otros delitos en los que se vean involucrados servidores públicos, principalmente de los cuerpos de seguridad y orden como las Policías Preventivas, tanto del municipio como del Estado.
Prueba de lo que le comento es que en menos de 24 horas la Procuraduría General de Justicia (PGJ), ha terminado por esclarecer primero un crimen violento y después un atraco con todos sus excesos donde incurrieron cuerpos de seguridad, ocurridos en los meses de marzo y de noviembre del año 2010 y que se encontraban archivados, pese a tratarse de casos que demostraron que en los cuerpos de seguridad estaba implicado el crimen.
Por lo que respecta a esta administración, ayer mismo, elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), detuvieron a un grupo de policías de la unidad 185 de la Policía Estatal Preventiva (PEP), que se dedicaban a perpetrar atracos y abusos en el sur de la ciudad, que utilizaban la unidad oficial para amedrentar a sus víctimas y para que no los pudieran descubrir le tapaban todas las identificaciones a la patrulla.
Por meses estos uniformados fueron denunciados por golpear a empleados, obreros y trabajadores de la construcción principalmente, a quienes además de privarlos de la libertad por unas horas los despojaban de sus valores y después los dejaran ir.
Estos sujetos se encuentran a disposición de la Dirección General de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en las próximas horas se va a detallar cómo fueron detenidos y a que autoridad van a ser consignados.

Aclarada la ejecución de uno de los Oaxacos de la 46 Poniente
Dentro de las acciones que ha emprendido la PGJ para erradicar la corrupción y los abusos policiacos se encuentra el esclarecimiento del atentado ocurrido en marzo del 2010 en una de las calles de la junta auxiliar Romero Vargas, donde uno de los principales personajes de la venta de autopartes robadas en la zona de la 46 fue asesinado en medio de una fingida intervención de seguridad donde actuaron elementos de la Policía Municipal Preventiva (PMP), de la pasada administración.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ), dio cumplimiento a 8 órdenes de aprehensión en contra del mismo número de elementos de la Policía Municipal, vinculados seis con el asesinato de uno de los comerciantes de autopartes de la 46 Poniente, del grupo identificado como “Los Oaxacos” y dos más por robo, lesiones y abuso de autoridad, ocurridos en marzo y noviembre del 2010, de la pasada administración.
Desde las primeras horas del día, agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME), adscritos al grupo de Investigación de Homicidios y a la Dirección General de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos, llegaron a las bases de operación de la policía preventiva del estado y municipal para hacer efectivas las órdenes de aprehensión, contando con la colaboración de los mandos de las corporaciones para que los sospechosos fueran entregados.
Los policías involucrados en delitos de homicidio, robo, abuso de autoridad y lesiones, ingresaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, para ser más tarde presentados a los jueces que solicitaron las órdenes de aprehensión, a fin de que rindan su declaración preparatoria.
Se dijo que en el primer caso, con base en los elementos aportados de manera conjunta por el área especializada en investigación de homicidios y la Dirección General de Atención a Delitos cometidos por Servidores Públicos, fueron detenidos: Alejandro Sánchez Cisneros, Aarón Tobón Lezama, Jorge Martín Pérez López, Fernando Misael Vega López, Alfredo Israel Hernández Méndez y Guillermo Francisco Cuatlaxahue Acero.
Todos presentados como probables responsables de la muerte de un joven de nombre Alfonso Abisai Diego Pérez Maldonado de 30 años de edad, quien se dedicaba al negocio de venta de autopartes de la zona de la 46 Poniente, quien conducía una camioneta e hizo caso omiso a la indicación de alto por parte de los policías municipales que accionaron sus armas privándolo de la vida el 20 de marzo de 2010, en una de las calles de la junta auxiliar Romero Vargas.
En la lista de espera se encuentran elementos de los grupos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, quienes han acumulado denuncias suficientes como para terminar en el penal de San Miguel, como sus compañeros.