La Procuraduría General de Justicia, a cargo de Víctor Antonio Carrancá Bourget, en una operación quirúrgica expulsó a los reporteros de la fuente de policía sin que ellos mismos se dieran cuenta.
Primero, esgrimiendo que los reporteros que tenían acceso a los informes de las agencias del Ministerio Público podrían incurrir en una fuga de información, la cual entorpecería las “investigaciones” policíacas; ordenó les retiraran las copias de las denuncias —legajos— dejándoles únicamente un supuesto parte de novedades del interior del estado que sólo contiene informes de accidentes, retirando tanto en la capital como en el interior del estado la información de robos de vehículos, de transportes, asaltos en casas habitación, comercios y transeúntes; en otras palabras, bloquearon todos los informes sobre temas de seguridad pública.
Hecho lo anterior, el gobierno de Puebla comenzó a presumir que la delincuencia había disminuido, y para compensar el trabajo de los reporteros, a través del Departamento de Estrategias de Comunicación comenzaron a emitir boletines de prensa en donde se destacan diversas detenciones, muchas de éstas sin importancia informativa pero que sirvieron a los reporteros para justificar su trabajo, sin reclamar la falta de información.
La segunda operación para sacar a los reporteros de la Procuraduría fue el obligado cambio de instalaciones, ordenando que en el edificio considerado como provisional no fuera incluida un área de prensa para atención de reporteros. Son tan claras las ataduras en contra de los reporteros, que actualmente no se les permite el ingreso a la Procuraduría, como tampoco a los juzgados de Defensa Social y Civil.
Actualmente, la única información que reciben los reporteros de policía es a través de boletines. En términos prácticos, es una opacidad disfrazada la que reina en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia. Lamentablemente, la mayoría de los reporteros de la fuente policíaca no se atreven a denunciar este hermetismo informativo, por temor a que en sus medios se les sancione a petición gubernamental.
Es una pena que la principal característica de los reporteros de esa fuente, ser aguerridos, haya sido apaciguada por las políticas de generar miedo del gobierno morenovallista.
Por lo pronto, el procurador puede sentirse satisfecho, ya que funcionó a la perfección la operación de sacar a la prensa de la información policíaca. Así las cosas, hoy Puebla vive —en materia de seguridad— con una venda en los ojos.