Usted debe estar enterado que el 4 de enero pasado la Policía Estatal Preventiva (PEP), a través de su grupo de Inteligencia, detuvo en una bodega ubicada en el Parque Industrial Puebla 2000 a 9 hombres y a una mujer que estaban a punto de robar crudo de uno de los ductos de Petróleos Mexicanos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. De hecho, no fueron 10 los detenidos sino 11, pero el nombre de uno de éstos no apareció en el informe de prensa.
Los detenidos fueron identificados como Carlos Cerecedo Anzaldo de 38 años de edad, Lourdes Estrada Pedraza de 25, Carlos Enrique Vissiconty Domínguez de 42, Guillermo Valverde Álvarez de 39, Guillermo Miguel Flores Vargas de 41, Juan Manuel López Arenas de 28, Gilberto Guerrero Vargas de 38, del Distrito Federal; Jesús García López 37, de Veracruz; Gabriel García Meléndez de 28, de Veracruz y Arturo Solís Argüelles de 40.
Ese último detenido, del que nunca se dijo el nombre, fue quien el día de la detención llegó hasta el cuartel general de la PEP, ofreció la cantidad de 400 mil pesos en efectivo además de un vehículo Renault Scala blanco, con placas 433-YCJ del Distrito Federal, a cambio de que se pusiera en libertad a los asegurados. Los detenidos fueron trasladados (¿arraigados?) a la ciudad de México y después se dijo que fueron consignados al Penal Federal de Perote, Veracruz, todos los hombres, y la mujer al de Chetumal; luego fueron puestos en libertad por falta de pruebas.
Usted debe recordar que al menos uno de los afectados acudió al periódico El Sol de Puebla, donde denunció la arbitrariedad que se cometió en su contra al ser acusado, golpeado y torturado por un delito que nunca cometió. Nuevamente, el gobierno del estado guardó un absoluto silencio, no hubo respuesta ni a la liberación de los detenidos ni al reclamó del abuso de autoridad.
Nadie, pero nadie pasó por alto que “el consentido del gobernador” no debería ser molestado.

¿Otra verdad?
La ejecución múltiple de sospechosos de pertenecer al crimen organizado ocurrida afuera del Oxxo de Santa María Xonacatepec, abrió heridas de aquella detención, de lo que fue considerado un abuso de la PEP y un espectáculo circense por parte del gobierno del estado.
Una carta, de esas a las que el gobierno considera falaces da cuenta de lo que pudo haber pasado ese 4 de enero; primero que si detuvieron a integrantes de una banda de “cuachicoleros” o “mamileros”, y segundo que si hubo trato y los dejaron en libertad, sólo que montaron un teatro para confundir a la sociedad y, por qué no, al mismo gobierno de Puebla. Y es que tras la detención de esos 10 personajes del crimen organizado y el 11 —cuya identidad aún permanece oculta— el jefe de la Policía Estatal, Vera Lira, pudo haber ordenado una redada en un bar de Cholula y uno que otro que encontraron malparado, a quienes se les ocurrió presentar como probables responsables del robo de combustóleo y luego nada más se hicieron los trámites de enjuiciarlos en otro lugar para que nadie se enterara de que iban a ser liberados y que el “fastuoso operativo” iba a resultar otra farsa.
Obviamente que para que quedara “al dedo” la detención y liberación de los verdaderos “cuachicoleros” hubo uno que otro funcionario federal involucrado; a fin de cuentas, este tipo de organizaciones corrompen a toda autoridad que se les pare enfrente para que los deje trabajar. Y de nuevo quienes enviaron la carta recuerdan a Mauricio Tornero, el exsecretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a quien le pidieron la renuncia porque uno de su personal se le ocurrió robarse una moto y en el caso de la PEP, donde se ha comprobado que parte de su personal está implicado en múltiples delitos; a su jefe, don Ardelio y a todos sus “achichincles” no les han hecho nada.
Y en el “cuachicoleo” hay muchas historias que aún no han sido contadas.
¿Y Solís dormirá bien?
Nos vemos cuando nos veamos.