Al inicio de la presente administración, dentro de los anuncios que realizó el gobernador del estado Rafael Moreno Valle, se habló en su toma de posesión de una gran reforma en materia administrativa.
El ejecutivo estatal anunció en ese mismo escenario que enviaría una iniciativa de reforma a la ley orgánica de la administración pública, para crear nuevas dependencias y hacer más eficiente la atención de los poblanos. Dentro de esta reforma aprobada por el Congreso se creó la Secretaría de Administración, la cual quedó en manos de su gran amigo, Cabalán Macari Álvaro y también se creó, entre otras, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a cargo en ese entonces del hijo del exgobernador Piña Olaya, Juan Pablo Piña Kurczyn.
Se nos prometió que con esta reforma, la cual también creó la Secretaría de Infraestructura y la de Sustentabilidad Ambiental y transformó la Secretaría de Gobernación en General de Gobierno, con lo que habría una revolución en materia de atención y prestación de servicios. Hoy sabemos, como lo adelantó el periodista Valentín Varillas, que se da marcha atrás y que se vuelve a fusionar la Secretaría de Administración a la de Finanzas y que también se da marcha atrás en lo referente a la de Asuntos Jurídicos, pero una más: que también desaparece la Contraloría. Por fin, quién los entiende.
Se acabaron las “vacas gordas”, es cierto, ahora tendrán que hacer frente a las “vacas flacas” también es cierto, pero entones ¿dónde quedó la mentada reingeniería?, ¿Se trataba realmente de hacer eficiente a un gobierno o de sólo dar chamba a los amigos?, ¿Y la gente que trabaja en esas dependencias?, ¿Qué va a pasar? Me parece que éstas son muy buenas preguntas y ojalá alguien pueda darles una buena respuesta.
Como también oportunamente lo comentó el periodista Alejandro Mondragón, se puso a la venta el IAPEP y Carreteras de Cuota Puebla, ahora se habla de que también el SOAPAP —como lo adelanté— será puesto a la venta. ¿Eso es eficiencia administrativa?
Queda claro que les urge el dinero, pero ¿para qué? Ésa es la pregunta clave, ya que 2013 es año electoral. Conste que es pregunta.
Bofetada al Poder Judicial
Conozco personalmente a Roberto Grajales Espina y si bien no tengo una relación de amistad, he platicado muchas veces con él. Lo conocí siendo integrante de la LV Legislatura local, la última gran Legislatura que hubo en Puebla. Grajales era uno de los diputados más jóvenes en ese entonces, junto con Verónica Sánchez Agis. Fue un buen diputado, compañero, entre otros de bancada, de Ángel Alonso Díaz Caneja, Sánchez Agis, Jesús Encinas y otros panistas. Más tarde se enroló junto con Díaz Caneja en las filas del morenovallismo y se volvió un incondicional del hoy gobernador del estado.
Se le considera un operador del morenovallismo dentro del panismo, aunque por supuesto que esa relación lo ha distanciado mucho, pero de verdad mucho, de la organización y él lo sabe. Fue delegado de Relaciones Exteriores en el estado de Tlaxcala y su más reciente cargo fue el de delegado de la SCT en Puebla; en ambas carteras su trabajo fue discreto, pues estaba más enfocado a quedar bien con el gobernador y operar sus asuntos al interior del PAN.
Ayer Roberto Grajales Espina fue investido como uno de los nuevos magistrados del Poder Judicial de Puebla sin que yo, ni nadie, le conozcamos una carrera dentro del mismo. Vamos, ni siquiera ha sido juez calificador, mucho menos agente del Ministerio Público, ya ni se diga secretario de un juzgado o juez. No conozco su trayectoria como abogado; vamos, creo que sus méritos que hoy lo convierten en magistrado, uno de los más altos honores a los que puede aspirar un abogado en Puebla, son haberle sido leal y servil al gobernador.
Creo que en Puebla existen cientos de abogados que han hecho una carrera o que cuentan con antecedentes lo suficientemente importantes para aspirar a ocupar esa posición.
Me parece que la elección por parte del Congreso del estado de Roberto Grajales Espina como nuevo magistrado del Tribunal es una gran “bofetada” al Poder Judicial de Puebla, igual de sumiso y espantado que el Poder Legislativo en el estado.
La gran incoherencia

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