Una carta llegada a esta columna, seguramente por personal de la Policía Ministerial del Estado (PME), solicita que un servidor realice una entrevista al procurador general de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, y que todas las respuestas, cualesquiera que sean, se publiquen en este espacio.
Las preguntas tienen que ver con comentarios que, de manera continua, se realizan en este espacio, comentarios que nunca alcanzan una respuesta o aclaración.
Qué le parece a nuestros amigos lectores que las preguntas sean realizadas en este espacio, junto con los comentarios de quienes las envían, en espera de que el señor procurador las responda, si así lo quiere, en este mismo espacio.
Primera pregunta: ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley orgánica de la PGJ con relación a los puestos para ocupar los cargos de inspector general, inspector en jefe, comandante y jefe de grupo?
Segunda pregunta: ¿Las personas que ocupan actualmente dichos cargos cumplen con los requisitos establecidos por la ley?
Tercera pregunta: ¿Cómo es posible que en la Policía Ministerial haya muchos agentes, jefes de grupo y hasta comandantes que desde hace tiempo no portan arma de cargo por no tener licencia colectiva, la cual les autoriza el uso de arma, y aún así siguen realizando funciones operativas?
Cuarta pregunta: ¿A qué se debe que al personal de la Policía Ministerial le estén retirando su pago de cheque de 600 pesos, sin explicación alguna?
Quinta pregunta: ¿Hasta cuándo se va a realizar la homologación de sueldos con relación a las otras corporaciones policíacas?
Estas preguntas las formulan porque la Policía Ministerial tiene el menor sueldo y son a los que les piden mayor nivel académico, mientras que en la Policía del Estado y la Municipal tienen poco nivel de estudios, pero eso sí, los mejores salarios.
Todas estas preguntas fueron hechas para el señor procurador, las respuestas podrían o no ser enviadas a esta columna.
Se declara abierto un compás de espera.

Mandos de la PME involucrados en un homicidio
De manera deliberada, la PGJ encubre el asesinato de Miguel Sánchez Aguilar, presunto delincuente ligado a atracos de tiendas de conveniencia, que pudo haber sido asesinado en forma brutal por al menos dos mandos de la Policía Ministerial del Estado; el primero, el inspector metropolitano José Solís Briones, y el segundo, el comandante del grupo de Investigación de Robos y Asaltos, de apellido Méndez.
De acuerdo a informes que existen en la investigación de la muerte de Sánchez Aguilar, este hombre, al momento de morir por dos disparos de arma de fuego, uno en la cabeza, a la altura de la nuca, y el otro en el tórax, no accionó ningún arma de fuego contra sus agresores, como en un principio lo informó la dependencia para justificar lo que se acerca a una “ejecución”.
Sobre la muerte de Miguel Sánchez, la PGJ habría informado que lo investigaban por robo de cajeros automáticos, lo que nunca fue aclarado en su totalidad, cuando de manera “legal” fue consignado por “narcomenudeo”, anexándole un kilo de marihuana, lo que hace presumir que “lo cargaron” antes de que falleciera.
Miguel Sánchez fue herido de dos balazos, y no uno, cuando fue interceptado en la zona de La Margarita por una supuesta llamada de auxilio de un asalto.
Curiosamente, dos mandos de la Ministerial estaban cerca del presunto auxilio y sólo uno dice haber hecho los disparos, el de robos y asaltos.
Tres versiones han corrido tras los hechos: La primera es que los agentes recibieron aviso de un presunto atraco, que interceptaron al vehículo donde iban “los sospechosos” y que como no quisieron detenerse le dispararon a las llantas de la unidad, luego que Miguel Sánchez les disparó y en respuesta le dieron “un solo tiro”.
Que no quiso detenerse en un retén de seguridad; y, la tercera, que estaba vinculado con una banda de asaltantes de cajeros y que ya lo investigaban cuando se lo encontraron.
El caso es que antes de morir lo consignaron por “narcomenudeo”.
Los responsables de este crimen deben ser llamados a cuentas, dispararon contra un hombre desarmado y materialmente lo ejecutaron.
La PME no debe actuar como si fueran del crimen organizado.
No solamente deben ser llamados a cuentas los sospechosos de un homicidio calificado y de un abuso de autoridad, deben ser llamados a cuentas quienes los protegen.
Se debe aclarar lo que aparenta ser un artero asesinato.

Nos vemos cuando nos veamos