Tal vez “el olvido” o “el  borrón y cuenta nueva” puedan servir para “limpiar” los excesos de poder, abusos de autoridad y delitos que fueron cometidos por servidores públicos de la pasada administración de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y que forman parte de archivos secretos que, de ser reabiertos, pondrían a muchos exservidores públicos tras las rejas, incluso a los exprocuradores Blanca Laura Villeda Martínez y Rodolfo Igor Archundia Sierra, que solaparon asaltos a mano armada, secuestros, extorsiones y otras felonías donde intervinieron elementos de la en ese entonces Policía Judicial del Estado (PJE), que —aunque usted no lo crea— aún están activos.
Esto se lo comentó porque la flamante Dirección General para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos ha decidido echar “al caño” la denuncia de una comerciante que el viernes 6 de febrero fue materialmente secuestrada, torturada e incomunicada por cinco elementos de esta corporación, que además de que saquearon su casa tuvieron la osadía de apuntarle a la cabeza a una niña que en esos momentos tenía 10 años de edad.
Le comento que la administración pasada protegió a estos agentes a través de lo que se llamaba Fiscalía de Asuntos Internos de la PGJ, a cargo de Manuel Méndez Marín, quien recibió la denuncia de la afectada, Alma Delia Flores San Pedro; su misma auxiliar, Dalia Arredondo Flores, recabó toda la información del secuestro —que más adelante le narró— y sólo integró un miserable expediente por falsedad en declaraciones judiciales contra elementos que —le repito— siguen activos… y hasta pasaron su examen de confianza.

La historia
Los nombres de los judiciales son Francisco Meneses Barranco, placa 250; José Aarón Arenas Jiménez, placa 047; Marco Antonio Troncoso César, 667, y Francisco Díaz Villegas, 426, todos ellos adscritos a la comandancia de San Martín Texmelucan, además del jefe de grupo, Luis Rivera Reyes.
Nuestros personajes, sin tener orden de aprehensión o de presentación, detuvieron —el 6 de febrero de 2009— a la altura de la Central de Abasto, en la colonia Jorge Murad, a la comerciante de equipo de audio y video para vehículos, cuando iba a bordo de su camioneta Chrysler Voyager, de color verde, con su hijo de 3 años y su amiga Concepción González.
Los agentes viajaban en un Ford tipo Grand Marquis, de color gris, sin placas, y quienes le ordenaron que les abriera la camioneta para revisar la mercancía que llevaba. Alma no aceptó, primero porque ninguno de los cuatro se identificó, luego no iban en un vehículo oficial y tercero no estaban en operativo donde un Ministerio Público tiene la consigna de dar fe de todas las revisiones, pero sí les mostró facturas señalando que su mercancía era legal.
Uno de los judiciales se molestó y le dio una bofetada a la comerciante; “pinche jarocha culera, no quieres ponerte bien con nosotros”, fue la frase que le explotó de la boca y sin más le quitaron las llaves de su unidad, abrieron la misma y comenzaron a sacar cajas de auto estéreos; la siguiente frase que se les ocurrió fue: “Ahora si te va a llevar la chingada por culera”.

Encañonaron a una niña de 10 años
Mientras Alma Delia Flores San Pedro esperaba ser trasladada ante el Ministerio Público por otros agentes, porque dos de los cuatro primeros se retiraron, recibió una llamada a su celular por parte de su hija Karla de 10 años, quien le dijo que un sujeto “chaparro” y moreno había llegado a buscarla; le dijo: “no está la jarocha, le llevamos un estéreo”, tratándose del mismo agente que la golpeó.
En efecto, estos sujetos se metieron a un cuarto que está junto a la casa de la comerciante, en la Segunda Sección de Real de Guadalupe, se apoderaron de todos los implementos que había de una talachería, propiedad de su difunto esposo, además de llantas y una motocicleta vieja, lo mismo que unos rines; uno de los ayudantes de la comerciante llegó a ver qué sucedía y los agentes lo golpearon, además de que uno de éstos se atrevió a encañonar a la menor de edad.
Alma Delia fue conducida a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, fue acusada de todos los delitos que usted se pueda imaginar, luego presentada ante los medios de comunicación, con foto y todo, y finalmente trasladada a la Agencia Especializada en Investigaciones de Robo de Vehículos y Asaltos a Transportes.
El Ministerio Público, al respecto dio inicio a la averiguación previa 251/2009/RVP, pero no pudieron probarle un solo delito; la mujer demostró con facturas que la mercancía que le habían decomisado la obtuvo legalmente, además de que ella no era una compradora de robado.
El represente social, para cuidarle “el trasero” a los agentes que la detuvieron, cambió el delito por cohecho, es decir, por ofrecerle dinero a los agentes para que no la detuvieran y entonces obtuvo su libertad tras pagar una fianza de 14 mil pesos.
¿Y el allanamiento a su casa?
¿El susto a su hija?
¿El decomiso de su mercancía, que aún no se la entregan?
El colmo de los colmos, el cinismo en que pueden caer los abusadores, es que el asador que sacaron los agentes de la casa de la comerciante, lo tuvieron por mucho tiempo en el patio de su comandancia.

La PGJ, sin memoria
Desde que Alma Delia Flores San Pedro fue víctima de este abuso ha tocado puertas, ha buscado a quienes ostentan la nueva administración de procuración de justicia y, ¿sabe usted cuál ha sido la respuesta?
En la siguiente entrega.
Nos vemos cuando nos veamos.