Dicen los que saben que no hay vuelta de hoja, que la elección de Puebla, sobre todo en la capital, se tendrá que dirimir en los tribunales, lo cual no dejará contento a nadie.
Sobre todo se dirimirá en los tribunales si la elección es muy cerrada y no hay más de 10 mil votos de ventaja entre los dos principales contendientes.
Dicen que judicializar los procesos es la principal característica del delegado del CEN del PRI, Fernando Moreno Peña, quien comenzó a enfocar sus baterías en esta estrategia, la cual no sólo tiene como objetivo buscar a toda costa que le amarren las manos al gobernador del estado, sino también comenzar a crear los antecedentes necesarios para que, llegado el momento, sea la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no una sala regional, la que tome en sus manos el tema cuando se presenten las correspondientes impugnaciones.
Y es que el PRI por fin entendió que en Puebla es oposición y como tal se debe de comportar, más allá de los errores que se hayan cometido en el proceso de selección de candidatos, es un hecho también que el priismo poblano quedó “encuerado”, al descubierto, en su serie de compromisos que tiene con el morenovallismo, de tal modo que pareciera que hay más priistas con Moreno Valle en el estado que con su partido.
Las críticas hacia el trabajo del delegado del CEN del PRI, Fernando Moreno Peña, aunque en algunos casos bien fundadas tienen más como fondo obedecer órdenes enviadas desde Casa Puebla, que a una actitud real de valentía del priismo local sometido a la voluntad del gobernador y que son enviados como arietes para golpear en plena campaña a su propio partido.
Contra los priistas traidores, las ambiciones desbocadas por 2018, contra el gobernador y contra la coalición Puebla Unida está luchando Moreno Peña, pero también el candidato de la coalición 5 de Mayo, Enrique Agüera Ibáñez.
Una pregunta que se hacen los priistas que se han mantenido leales al delegado del CEN es ¿cuándo por fin verán la ayuda que tanto esperan del centro?
Dicen los que saben que esta vendrá cuando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se tenga que dirimir el tema por la queja interpuesta contra la coalición Puebla Unida por actos anticipados de campaña.
Ahí dicen se verá si llega o no la ayuda divina que el priismo local tanto está esperando, ya que mientras en Puebla el gobernador opera las 24 horas a favor de su coalición, a nivel nacional el priismo poblano pareciera ser huérfano.
¿Cuál independencia?
Ayer el Congreso del estado fue una vez más muestra de cómo los diputados locales actúan simplemente como empleados del gobernador.
Ayer se discutió sobre la integración de las nuevas comisiones, tras la salida de los diputados “chapulines” que saltaron de una curul en la búsqueda de candidaturas a presidencias municipales.
El diputado priista Gerardo Mejía, quien se ha caracterizado por ser un crítico del gobernador, estaba originalmente contemplado y propuesto por la bancada de su partido para integrarse a la Comisión Inspectora del Órgano Superior de Fiscalización, pero una llamada desde Casa Puebla frenó la integración de Mejía a dicha comisión, faltaba más.
Como era de esperarse, los empleados del gobernador no tardaron en acatar la orden del mandatario y bloquearon la intención de Mejía de integrarse a la Comisión Inspectora, por lo que el PRI está inconforme con tal medida, aunque seguramente no va a pasar nada, como ya es costumbre.
PRI vs. PRI, y la judicialización
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