El 6 de junio, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) reunió a reporteros de la nota policíaca para darles a conocer la detención de ocho sujetos de los cuales se aseguraba que eran no sólo los que habían participado en asaltos a cuentahabientes, sino que además “le pegaban” a los robos a casas habitación, a gasolineras y hasta los habían señalado por delitos contra funcionarios públicos.
Con sólo ver los rostros de los presentados, se adivinaba que no se trataba de delincuentes comunes —siete de Tlaxcala y uno de San Martín Texmelucan—, por lo que reporteros, y después ciudadanos, especulaban que se trataba ni más ni menos que de miembros del crimen organizado, sobre todo cuando la PGJ informó, a través del director de la Policía Ministerial del Estado (PME), que iban a ser “arraigados” para poner al descubierto todos los delitos que hubieran cometido.
Mientras eso pasaba, la “rumorología” echaba por tierra la “brillante detención”. Primero, se dijo que los sospechosos fueron detenidos por la Policía Estatal y que la Ministerial “se les pegó”, por aquello de que no dan una y el director está totalmente preocupado, sobre todo por los gastos que actualmente realiza —en una notaria de la Gabriel Pastor finiquitó un contrato de compraventa de un departamento en la zona del Angelópolis, por un millón 800 mil pesos en efectivo—.
Luego, se dijo que no eran ocho detenidos, sino más, y que entre éstos se encontraba Adrián Álvarez Juárez, alias “El Charrascas”, quien es “madrina” en la Séptima Comandancia de la PME, y por alguna razón que usted y un servidor desconocemos —pero nos imaginamos—, fue puesto en libertad, para que días después “empinara” a dos agentes en el “levantón” a un presunto “narcomenudista”, y se le iniciara otra investigación en su contra.
El caso es que del 5 de junio, cuando los ocho sospechosos fueron detenidos, al jueves 20 —15 días después—, la PGJ envía un escueto comunicado donde informa que estos ocho ya fueron consignados pero por un sólo asalto a cuentahabiente. ¿Dónde quedó la superbanda?
Le aclaró al lector que por ningún momento un servidor piensa que los detenidos sean unas “blancas palomitas”, por el contrario, lo que extraña es que los consiguen por un solo señalamiento cuando la misma institución reveló en su comunicado que estaban implicados en más felonías.
¿Qué pasó?
Le comentó a usted que estos sujetos pueden obtener su libertad por lo menos antes de un año por los delitos que los están acusando.
También le comentó lo de una carta llegada a esta columna, donde se reseña esa detención, cuando por lo menos tres de los sospechosos, al momento de tener de frente a un subdirector de la Ministerial, le dijeron: “¿Qué pasó, jefe?, somos nosotros”.
Y no me pregunten si su apellido es Medellín.
 
Policías federales, pa’l Facebook
La presencia de elementos de la Policía Federal en la ciudad de Puebla no incomoda a los poblanos, los molesta, los hace enojar.
Sobre todo cuando los federales, a quienes con nuestros impuestos les pagamos casa, vestido y sustento, en lugar de vigilar las calles se han dado a la tarea de juntarse en grupitos para jugar con sus teléfonos celulares, para “cotorrear el punto”, dejando la vigilancia para otro momento.
Quienes han notado la presencia de los policías pagados para cuidar a los poblanos —¿Qué pasó con nuestra Policía Auxiliar?— no dejan de comentar que es un gasto innecesario, que no ha rendido un solo fruto y que nada más les están pagando para que se paren en las esquinas a hacer tiempo.
En el primer cuadro de la ciudad se registran atracos constantes, sobre todo a mujeres, sin dejar de mencionar que lamentablemente en esta misma zona prevalece el “narcomenudeo”, permitido como los atracos en el Centro Histórico. Lo malo es que por la idea de “seguir quedando bien con el Gobierno Federal”, los que nos seguimos fregando somos los poblanos.
Nos vemos cuando nos veamos.