La corrupción que se vive en la Policía Ministerial del Estado (PME) va más allá de la protección a delincuentes que perpetran desde delitos federales —robo en ductos de Pemex, “narcomenudeo”, delincuencia organizada— hasta delitos del orden común —robo de vehículos, asaltos a mano armada, trata de personas—, sino que alcanza los dineros del gobierno del estado —de los poblanos, pues— destinado a pagos de nómina del personal, gasolina y otros gastos que se tienen contemplados en el rubro de la seguridad pública.
Una de estas “estafas” que se han cometido en las filas de la PME y que involucrarían en forma directa al director de esta corporación, Juan Luis Galán Ruiz, además de personal administrativo de esta corporación y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), se descubrió tras una queja presentada en la Comisión de los Derechos Humanos (CDHEP), por Israel Omar Cabrera Morales, quien hasta el 16 de marzo de 2011 se desempeñaba como Auxiliar B de la Policía Judicial, agente investigador 087, quien supuestamente fue dado de baja, aunque su cheque aún sigue saliendo de la Secretaría de Finanzas, a grado tal que incluso en el ISSSTEP sigue con sus derechos de atención, sólo que no le han pagado ni una sola quincena y cuando llega a preguntar le sostienen que está “suspendido”.
Pero además de la felonía de desviar recursos del erario, el director de los ministeriales, y a quien le corresponda, estarían además violando un amparo federal, el 1919/2013 del Juzgado Cuarto de Distrito del 17 de agosto de 2011, donde la autoridad federal ordena al procurador general de justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, que Israel Omar Cabrera fuera reincorporado a la PME, además de que se le diera el pago total de su salario, toda vez que la acusación que pesaba en su contra fue aclarada con una exoneración completa en el Juzgado Séptimo de lo Penal, donde fue procesado por los delitos de abuso de autoridad y de homicidio.
 
Acusación que no pudo ser probada 
El 16 de marzo de 2011 Israel Omar Cabrera Morales se encontraba de guardia en la Novena Comandancia de la PME, que investiga robo de vehículos, cuando la Policía Federal recibió un reporte del asalto a un tractocamión cargado con 53 toneladas de alambrón, que había sido robado la noche del 15 de marzo. 
A la 1:20 horas, en el estacionamiento del estadio Cuauhtémoc, la Policía Federal, de la División de Seguridad Regional, ubicó la unidad robada y detuvo a tres sospechosos —Hugo Rico Sánchez, quien conducía el vehículo; Israel del Río Cobos, alias “El Dampe” y Derick Alberto Vela Serrano, alias “El Zurdo”— quienes permanecieron en poder de los federales hasta las 9 horas del 16 de marzo, cuando debieron haber sido presentados ante el Ministerio Público de Vehículos en forma inmediata.
Al momento de ingresar a los separos de la Policía Ministerial, uno de los detenidos —Derick Alberto Vela Serrano— se encontraba demasiado golpeado, por lo que el agente 087 y otros de sus compañeros lo llevaron al Hospital de la Cruz Roja donde posteriormente falleció.
Los agentes involucrados en la recepción de los detenidos fueron consignados por la PGJ, por los delitos de abuso de autoridad y homicidio calificado, al Juzgado Séptimo de lo Penal, donde el 27 de julio de 2011 todos fueron exonerados porque nunca hubo pruebas en su contra de que ellos hubieran torturado al detenido, por lo que días después Cabrera Morales solicitó ser reincorporado, pero la secretaria del procurador le dijo que todo tendría que ser por escrito.
 
Se pasaron un amparo por el arco del triunfo
El 17 de agosto de 2011 el Juzgado Cuarto de Distrito, a través del expediente 1919/2011, ordenó al procurador general de justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, que el agente Israel Omar Cabrera Morales fuera reincorporado a su trabajo, además de que le fuera pagado su salario integro, pero desde esa fecha tanto el procurador como el jefe de los ministeriales le cerraron la puerta y lo privaron de su derecho de audiencia, que estaba inscrito en el amparo ganado.
Lo grave de todo esto es que Cabrera Morales se enteró que pese a estar dado de baja, aunque no le han mostrado su renuncia ni tampoco la ha firmado, su cheque con todo y nombre sigue saliendo de la Secretaría de Finanzas al administrativo de la PGJ y no sabe quién lo está cobrando, además de que —para que funcione el cobro de ese documento— sigue dado de alta en el ISSSTEP, aunque cuando fue a solicitar atención para su hija se lo negaron.
En otras palabras alguien de la PGJ se estaría quedando con ¿un cheque?, que no le corresponde y la pregunta es: ¿cuántos casos de agentes “dados de baja”, a los que les siguen enviado sus cheques existen?
¿Y la Contraloría?
¿Lo mejor está por venir?
Nos vemos cuando nos veamos.