La “transa” llegó disfrazada de “preocupación”. El procurador general de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, se refería a que los agentes del Ministerio Público de Puebla —no su séquito de colaboradores— no sabían integrar una averiguación previa y por eso los jueces penales les rebotaban los casos; “no quiero cochinadas”, la primera expresión.
Así las cosas, el procurador ordenó la creación de la Unidad de Consignaciones, a la que litigantes identifican como “revisora”, y ordenó que ningún agente del Ministerio Público podría consignar cualquier expediente si es éste no pasaba antes por esta unidad, que quedó a cargo de Alejandro García Barrueta, uno de los colaboradores de mayor confianza del señor procurador.
Este nuevo departamento de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) aparentaba ser una medida estratégica para evitar que la institución siguiera perdiendo casos; en otras palabras, todo parecía ser a favor de las víctimas del delito, pero esta medida ocultaba un meganegocio de muchos, pero muchos millones de pesos.
Y es que a la par de la creación de la Unidad de Consignaciones, en el Distrito Federal —por el “Ángel de la Independencia”— fue habilitado un despacho jurídico a cargo de Juan Antonio Araujo, que se iba a encargar de “coyotear” los casos de millonarios fraudes denunciados en la PGJ de Puebla.
Haciendo uso del “privilegio de información clasificada”, la Unidad de Consignaciones comenzó a separar expedientes —los de los ricos y los de los pobres—, mientras que el despacho chilango fue habilitando a “emisarios” para “visitar” a denunciantes o a denunciados para “orientarles” a que contrataran los servicios del despacho de Antonio Araujo, dejándoles entrever que ellos tenían todas las posibilidades de ganar sus casos, lo que deja entender que se iban a perpetrar delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad, además de aprovecharse de información clasificada.
Si el denunciante había presentado demanda por un fraude millonario, la “invitación” era que si utilizaban los servicios del despacho del DF el caso iba a ser integrado y consignado de inmediato; en caso contrario, reinaría el tortuguismo, burocratismo y todo lo necesario para dilatar una investigación.
Además, si el afectado no aceptaba contratar los servicios del despacho de Juan Antonio Araujo, entonces estos mismos emisarios iban a buscar al denunciado y le hacían el mismo ofrecimiento, lo que significa una acción “gangsteril” a todas luces.
Esta actividad alevosa afectó a muchos despachos jurídicos de Puebla, porque de la noche a la mañana el cliente les renunciaba y se pasaba al despacho del Distrito Federal, donde sus casos eran ganados con demasiada prontitud.
Como siempre, no faltó quienes se molestaran por la alevosa actitud del despacho del Distrito Federal y enviaron la queja a esta columna, donde piden que se haga una investigación minuciosa para que castigue a quienes utilicen información considerada como clasificada, ya sean funcionarios de la PGJ o del mismo despacho jurídico, además de que también pidieron la discreción total de quienes enviaron la información, porque obviamente es una serie de delitos donde se implica al mismo procurador de Justicia, por ser él quien ordenó las modificaciones para la consignación de expedientes, y quien designó a Alejandro García Barrueta como el que se iba a hacer cargo.
La investigación debe de ir más a fondo, no sólo por los casos de millonarios fraudes que se están litigando desde el Distrito Federal, sino porque además esa Unidad de Consignaciones también maneja información clasificada de delincuencia organizada, secuestros, robos de vehículos y asaltos a transportes, y no se descarta que existan otros despachos jurídicos filiales que estén litigando estos expedientes.
Sólo le recuerdo al amable lector que una de las primeras órdenes que dio el procurador de Justicia fue la de retirar las copias de los legajos de denuncias de las agencias del Ministerio Público a reporteros de policía, para que “no se fugara la información”.
También le recuerdo que fue esta misma Procuraduría la que consignó a un abogado litigante a un empleado de la Procuraduría y otro del Poder Judicial por usar información de denuncias para venderlas.
Y ahora resulta que a la Unidad de Consignaciones, la cueva de “Ali Babá” les quedó muy pequeña.
Qué vergüenza.
Nos vemos cuando nos veamos.