Para entender un poco el tema del teleférico y del papel que el INAH ha jugado en este asunto, hay que ir hasta el fondo de las cosas para ver cuáles son los intereses que se mueven detrás de este proyecto.
De entrada, ya quedó en claro el actuar parcial y poco ético del entonces delegado de este organismo en Puebla, José Miguel Rivas García, quien otorgó los permisos de construcción de manera irregular, según se desprende de la investigación realizada por el reportero de esta casa editorial Jorge Castillo.
En el colmo de la desfachatez, también Jorge Castillo evidenció que ahora el exdelegado del INAH y comparsa en el tema del teleférico, José Miguel Rivas, trabaja como empleado de la administración estatal al desempeñarse como director de la Tenencia de la Tierra. ¿Así o más cínico?
Pero la situación no queda solamente ahí porque el asunto va más allá y fue precisamente María Teresa Franco quien aconsejó al gobierno del estado la construcción del teleférico de la ciudad, “para que la Angelópolis pudiera tener otro punto de atracción turística”.
También, fue la propia Franco quien recomendó a la administración estatal la construcción del Museo Internacional de Arte Barroco. Y es que Franco tiene mucha cercanía con varios personajes de la presente administración estatal, los cuales brincaron de felicidad cuando la ya alguna vez directora del INAH en otras administraciones federales retomó el control de esta dependencia.
De ahí que el pasado lunes en su gira de trabajo por Puebla evitó a toda costa las entrevistas para fijar una postura en torno al polémico tema de la construcción de esta obra, ya que también es juez y parte en el asunto.
A su manera, la ahora directora general del INAH también es juez y parte en el tema del teleférico.
¿Qué va a decir Tere Franco? ¿Se autodescalificará? ¿Fingirá demencia? ¿Renunciará para posteriormente también trabajar para la administración estatal? Conste que son preguntas.
Nombre, con razón evitó a toda costa los cuestionamientos de la prensa, para nada hubiera salido bien librada; y es que doña Tere Franco sabe mucho, pero mucho sobre el tema del teleférico, aunque —aclaro— las recomendaciones las hizo cuando aún no era la directora general del INAH.
 
Qué siempre no
Dicen los que saben que la iniciativa presentada por el diputado de Nueva Alianza, Enrique Nácer Hernández, simple y sencillamente no pasará y no sólo por inconstitucional, sino porque cuentan que el legislador actúo motu proprio. 
Y es que la iniciativa del diputado Nácer es un verdadero despropósito: implica regresar en el tiempo, retroceder en los temas de transparencia, en la cual se presume que Puebla se encuentra entre los primeros lugares, según lo que dicen y presumen los propios diputados.
La iniciativa de Nácer, que busca sancionar por la vía penal, civil y administrativa el manejo de la información pública con fines de “lucro o ilícitos” (sic y recontra sic), es una verdadera arbitrariedad que contraviene los preceptos constitucionales de libre acceso a la información y a la libertad de expresión.
Dicen que tal barbaridad sólo fue una ocurrencia, “una calentura”, del diputado de Nueva Alianza, quien, como muchos, quiso quedar bien y terminó quedando muy mal.
Ojalá que esta nueva intentona de instalar una “ley mordaza” en Puebla fracase, como pasó con la primera intentona que se llevó a cabo en el 2011, cuando se despenalizó el delito de la difamación y calumnia, pero mañosamente se quiso colocar dentro de las nuevas sanciones de vía civil, el “daño sentimental” que se pudiera causar con la publicación.
Realmente espero que se trate de una puntada más del diputado Nácer y no de una nueva intentona para limitar la libertad de expresión y fomentar la opacidad. Por cierto, ¿qué dicen al respecto los diputados del PAN? Los paladines de la transparencia en Puebla. ¿Dónde andas Josefina Buxadé? ¿En dónde se quedó la más férrea critica de la opacidad marinista?