El “mayoriteo” en la Comisión de Acceso a la Información Pública empieza a causar desconfianza por parte de la sociedad civil y de los grupos preocupados en la transparencia de la rendición de las cuentas públicas y acciones de gobierno.
El último caso sucedió cuando los comisionados Javier Fregoso y Federico González Magaña “mayoritearon” a Blanca Lilia Ibarra para evitar que la Secretaría de Finanzas entregara las facturas de los helicópteros Agusta que el gobierno morenovallista adquirió.
La información fue solicitada por Intolerancia Diario a la dependencia estatal, pero Finanzas alegó que al entregarlos se ponía en peligro la gobernabilidad del estado, por poner en riesgo la seguridad de los tripulantes de los helicópteros, entre ellos el mandatario estatal.
González Magaña, a pesar de tener facultad, por ley, de revisar los documentos para comprobar los dichos del sujeto obligado o dependencia estatal, no lo hizo, al señalar simplemente que no lo vio necesario.
Este comportamiento empezó a causar sospechas al grado de que ayer Actívate por Puebla solicitó oficialmente al Congreso del estado llamar a comparecer al integrante de la Comisión para el Acceso al Información Pública y Protección de Datos Personales del estado Federico González Magaña, para que aclare su resolutivo de que no se entreguen las facturas de los helicópteros Agusta del gobierno de Puebla.
Ahora los legisladores tienen por lo menos 15 días hábiles para responder la solicitud de este organismo poblano: “Con fundamento en el artículo 8º constitucional y como grupo de la sociedad civil interesada en los asuntos públicos, particularmente en aquellos al régimen normativo de la transparencia y acceso al información pública, nos dirigimos a ustedes preocupados por la resolución de la Comisión para el Acceso al Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP) en relación con el expediente 118/SFA-04/2012”.
Ahora la pelota está en la cancha de los diputados locales.
A ver con qué pretexto salen.
La opacidad empieza a ser la característica principal del actual gobierno.
Tapan el pozo después del niño ahogado
Tras el escándalo del tehuacanazo —el parto de una paciente, ocurrido en la recepción del Hospital de la Mujer de Tehuacán—, la Secretaría de Salud empezó a sancionar a los responsables de no respetar los protocolos establecidos.
La dependencia estatal confirmó el cese definitivo del personal responsable de brindar atención en el Hospital de la Mujer de Tehuacán cuando María del Carmen Oseguera León dio a luz en la recepción del nosocomio el pasado mes de septiembre.
Hasta el momento, suman siete los despedidos: el director del hospital, José Hassan Chaliní; el subdirector, la doctora que atendió el parto y la jefa de enfermeras. También cesaron a la enfermera que auxilió a la paciente, al camillero y al recepcionista que negó el pase inmediato a la paciente.
Esperemos que con estas acciones no se repitan más casos.
Sin embargo, hay que esperar a que concluyan las investigaciones de la Secretaría de Salud Federal para conocer más sanciones y de qué tipo.
