Hasta hoy, el sistema de educación pública se ha caracterizado por generar diversos vicios y complicidades entre los gobiernos en turno y los dirigentes magisteriales.
Ventas de plazas, maestros que cobran como tales, sin pararse al frente de un salón de clases, y familiares de funcionarios en puestos administrativos sin presentarse a trabajar, son algunos “focos” de corrupción en la Secretaría de Educación Pública.
Recientemente, el delegado de la SEP José Alarcón Hernández realizó una declaración “bomba”: “En Puebla capital existen 40 maestros aviadores”. O lo que es lo mismo, “docentes que no tiene grupo asignado pero que sí cobran su sueldo cada quincena”. Según cuentas de la dependencia federal, esa anomalía representa una erogación de 6 millones pesos anuales.
Es obvió que las autoridades correspondientes saben perfectamente cuántos aviadores existen en la educación, pero lo ocultan porque son parte del pago de facturas políticas y compensaciones también políticas para mantener una estructura en tiempos electorales.
Sin embargo, ahora el pretexto perfecto para disipar estas dudas es el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE).
Con esto, las autoridades pretenden disipar todas las complicidades y vicios que pesan sobre el sistema educativo.
Ojala que así suceda porque, como siempre, la opacidad y la falta de voluntad política provocan que todo se quede en el archivo o en las buenas intenciones.
De acuerdo con datos proporcionados por el INEGI, hasta el 22 de octubre pasado, de los 271 mil considerados en la planeación del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial se ha censado 49.3 por ciento de centros de trabajo; quedan por entrevistar 31.6 por ciento. Mientras que 12 por ciento está en proceso de levantamiento y en 7.1 por ciento no ha sido posible obtener información.
Al 22 de octubre se ha censado 64 por ciento del personal docente y administrativo; de igual manera, 61.4 por ciento de los alumnos registrados en la planeación. Las entidades que registraron el mayor porcentaje de no respuesta respecto a los centros visitados son Chiapas, con 62.5 por ciento; Michoacán, con 57.7 por ciento, y Oaxaca, con 21 por ciento.
El INEGI reportó que el operativo del CEMABE inició el 26 de septiembre y concluirá el 29 de noviembre, y tiene como propósito actualizar la información de cada uno de los centros de trabajo y lograr construir un Sistema de Información y Gestión Educativa.
Los datos captados durante el operativo de campo permitirán, entre otras cosas, tener la ubicación geográfica de todos los planteles en el nivel básico y de educación especial, sustentándolos en la cartografía del INEGI, con lo que se asociará la información socioeconómica y demográfica que genera el instituto con la de las escuelas, maestros y alumnos; además, se obtendrá información sobre la situación que guarda la infraestructura instalada, a fin de determinar con claridad las condiciones en las que se imparte la educación en el nivel básico y de educación especial. 
Esperemos que el CEMABE desmitifique el sistema educativo nacional y que las autoridades correspondientes tomen las decisiones de limpieza y transparencia; de lo contrario, será la misma gata, nada más que revolcada.