Mientras que por un lado la Procuraduría General de Justicia (PGJ) mantiene bajo arraigo a elementos en activo de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, como presuntos responsables del crimen de un transportista y un Juzgado Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) inicia proceso contra policías municipales de Amozoc de Mota vinculados al secuestro y asesinato de una mujer; por otro, el Tribunal Primero de lo Colegiado desechó la sentencia contra tres elementos de la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE) por delitos de abuso de autoridad, homicidio y secuestro, y ordenó la reposición total del proceso, es decir, que todo se inicie desde el principio.
Los magistrados del Tribunal Colegiado basaron su falló bajo el argumento de que existe duda en la muerte del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez —ocurrida el 31 de enero de 2008— y del secuestro del también empresario Antonio Ramírez Rodríguez, cuando en su momento —en el Juzgado Primero de lo Penal— se agotaron todas las pruebas que inculpaban a José Díaz Salinas, José Carlos Quiterio y Rolando Contreras Chang en un crimen ocurrido en el desaparecido edificio de la Procuraduría General de Justicia.
Incluso, los tres exservidores públicos ya habían perdido el amparo al auto de formal prisión solicitado por sus abogados, por lo que se presumía que este recurso de amparo —340/2013— a la sentencias de 36 años a José Díaz, y 41 a Carlos Quiterio, dictada en el Juzgado Primero de lo Penal sólo iba a ser un trámite para que se ratificara la sentencia, pero por alguna razón aún desconocida los magistrados se “sacaron de la manga” una duda que los lleva a desechar la sentencia y a solicitar la reposición del proceso, enviando de nuevo el expediente al TSJ.
Y es que para los magistrados no está del todo claro cómo se dio la muerte del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez, pese a que los abogados y familiares de la víctima de homicidio presentaron todo tipo de pruebas, incluso peritajes externos elaborados por especialistas en investigaciones forenses y criminales que demostraban la participación de los tres, en esos momentos dos jefes de grupo y otro agente de la desaparecida Policía Judicial del Estado, incluso el contubernio de funcionarios de la PGJ de la pasada administración de gobierno.
Se había demostrado que Ricardo Ramírez González fue detenido por personal de la PJE sin que hubiera orden de aprehensión o de presentación emitida por alguna autoridad competente, que había sido ingresado a los separos de esa corporación, donde fue sujeto a un violento interrogatorio que lo llevó a perder la vida a consecuencia de una asfixia por bronco-aspiración.
Además, existe un testigo de todo lo ocurrido: el empresario Antonio Ramírez Rodríguez, que ese mismo 31 de enero de 2008 fue secuestrado por uno de los agentes sentenciados y vio cómo los otros dos se llevaban a su hermano.
¿Qué esperaban, “que se los explicaran con manzanas”?
 
Desconfianza en el Primero de lo Colegiado
El fallo de los magistrados del Tribunal Primero de lo Colegiado en Materia Penal dejó un mal sabor de boca no sólo para los familiares del empresario asesinado en los separos de una corporación de agentes investigadores, sino en todos los que siguen en espera de justicia, los familiares del transportista y de la mujer muertos por personal de la Policía, de los que se presume pasaron sus exámenes de confianza. 
Cuántos crímenes han quedado en el “archivo muerto” por decisiones “al vapor” que un servidor espera de verdad que hayan sido tomadas a la ligera y no por ningún tipo de compromiso, porque no es la primera vez y lamentablemente no va a ser la última que la justicia sufre tropiezos por malos servidores públicos que sólo actúan como burócratas.
De todos modos, el caso de los judiciales acusados por secuestro y homicidio, además de abuso de autoridad, regresa a la justicia de los poblanos; no todo está perdido.
“Borrón y cuenta nueva”.
Nos vemos cuando nos veamos.