El Gobierno Federal, desde el arranque del sexenio de Felipe Calderón, fijó las reglas y los criterios para acceder a los cuerpos de seguridad, desde los altos mandos hasta los agentes de los diferentes sectores tienen que cumplir con un requisito básico: aprobar las pruebas de confianza.
Dichos controles los aplica el Cisen, la PGR, y anteriormente la Secretaría de Seguridad Pública, ahora extinta.
Al arranque del sexenio morenovallista los aspirantes a ocupar los altos mandos en materia de seguridad en el estado se sometieron a los pruebas de control de confianza, en donde cuatro de ellos obtuvieron un resultado que no estaba contemplado dentro de las formas de calificar dichas evaluaciones. De manera sorpresiva, se les otorgó la calificación de “recomendables”, pese a que en teoría sólo existían dos opciones: aprobados o reprobados.
En esa lógica, Víctor Carrancá Bourget, procurador general de Justicia; Juan Luis Galán Ruiz, jefe general de la Policía Ministerial; Juan Sánchez Zarza, subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, y Gustavo Luis Huerta Yedra, titular de la Fiscalía General Regional, salieron raspados de dichos controles al haber recibido una extraña calificación: recomendables.
En conclusión, para acceder a los mandos actuales, a nuestros cuatro personajes se le valoró con un nuevo estándar: recomendables, que para fines prácticos debe traducirse a una de estas tres opciones:
a) Aprobatorio con restricción.
b) Aprobatorio con reserva.
c) De panzazo.
Usted escoja.
Así las cosas, llama la atención que a la mitad del sexenio no exista una nueva evaluación para eliminar estos términos dudosos, ya que desde 2010 ninguno de estos personajes ha sido sometido nuevamente a una prueba de confianza, lo cual genera severas dudas sobre el actuar de nuestros funcionarios y nos hace pensar que hubo mano negra detrás de los resultados de estos exámenes.
Y lo más grave de todo es que no estamos hablando de policías de banqueta, sino del procurador general de Justicia, el subsecretario de Seguridad, el director de la Policía Ministerial y del fiscal general.
¡Qué Dios nos agarre confesados!
