La intención de maquillar la situación que vive el estado con la persecución de representantes de movimientos sociales llevó al gobernador a organizar una reunión con el director de la Comisión Federal de Electricidad para que explicara a senadores, diputados federales y locales la obra del gasoducto; en este encuentro con invitados a modo, es lógico que Roxana Luna fuera excluida.
Es evidente que con la complacencia del delegado de Gobernación federal, quien se ha convertido en un empleado más del Señor de los Cerros, la administración morenovallista utilizó al iluso director de CFE para desviar la atención de los crecientes grupos de poblanos inconformes con la prepotencia y el autoritarismo del actual gobierno estatal.
Por increíble que parezca, el gobernador Moreno Valle intentó quitarse de encima la presión generada por la represión en contra de ejidatarios, de los despojos disfrazados de expropiaciones y de las detenciones ilegales que se han convertido en la práctica común en este estado.
La marcha de 2 mil poblanos que llegó al Distrito Federal la semana pasada no está en contra del gasoducto ni del impacto ecológico de esta obra de infraestructura energética, sino de las prácticas de abuso de autoridad de las que han sido víctimas.
Maquiavélicamente, el gobernador puso en el banquillo de los acusados al director de CFE, para que explicara un proyecto que nada tiene que ver con los constantes reclamos, ya que la represión ha corrido a cargo del gobierno estatal.
En pocas palabras, el gobernador se lavó las manos, responsabilizando al Gobierno Federal de ser el responsable del proyecto del gasoducto, cuando ese no es el motivo de las marchas y manifestaciones, sino las formas en las que se ha intimidado a los grupos para privarlos de sus tierras. Y eso sí es responsabilidad directa del gobierno morenovallista.
Pero como Moreno Valle tiene a su servicio al delegado de Gobernación federal, no tuvo empacho para usar al director de CFE para lavarle la cara a su verdadero jefe.
Lo que se ve no se juzga.
Una fábrica de delitos
Si bien es cierto que el gasoducto es una obra federal, las denuncias presentadas en la Cámara de Diputados, así como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Secretaría de Gobernación Federal hablan claramente de persecución y violaciones a los derechos humanos por parte de la autoridad estatal.
Se ha documentado una serie de absurdos jurídicos con los cuales tanto una anciana de más de 60 años como dos hombres cumplen un mes de estar recluidos por ser considerados personas peligrosas.
Salta la pregunta: ¿Qué relación puede tener el robo de dos celulares con el gasoducto Morelos? Pues pareciera que ninguna; sin embargo, a la anciana Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, a quien el gobierno del estado la considera una persona peligrosa y por ello lleva un mes detenida. Su principal delito es el supuesto “robo” de dos celulares a empleados de una empresa constructora.
En la averiguación previa que se le sigue a Rosas Vélez, quien tiene problemas de salud, aseguran que les quitó sus teléfonos a dos empleados. Vaya que tiene fuerza la campesina, cuando la realidad es que si no firma las actas del comisariado ejidal para ceder los terrenos por donde se tiene proyectado que pase el gasoducto no podrán ser utilizados, así que había que fabricarle un delito.
Otro de los casos es el de Abraham Cordero, del movimiento Los de Abajo; en el proceso que se le sigue no se le puede conceder la libertad bajo caución porque es un peligro social, un juez de Atlixco señaló que como tiene 150 seguidores puede generar un conflicto.
Y así como estos dos casos existen otros que sustentan la inconformidad de los grupos en contra de la represión y autoritarismo del Señor de los Cerros.
En próximas entregas les relataré más casos que confirman que el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría de Justicia se han convertido en una fábrica de delitos.
La impunidad es lo de hoy
Y mientras a los ejidatarios les fabrican delitos para presionarlos a que entreguen sus tierras, los agentes del Ministerio Público han convertido sus agencias en negocios particulares.
Una lectora de esta columna describió el drama que vivió en la agencia del Ministerio Público el sábado 3 de mayo, después de que un sujeto se metiera a su casa para intentar someterla, en una evidente agresión sexual. En su huída, el agresor fue detenido y remitido a la agencia del MP de San Pedro Cholula.
Por increíble que parezca, el agente Christian Gallegos soltó al detenido porque la denunciante no presentó las escrituras de su casa. Con esta absurda justificación, el MP se pasó por el arco del triunfo que existiera un señalamiento directo, sin iniciar la averiguación respectiva pese a que fue detenido por policías al intentar darse a la fuga.
Salta a la vista que los agentes del MP hacen y deshacen en perjuicio de las verdaderas víctimas que se sienten impotentes ante la impunidad y corrupción que impera en Puebla.
El día de mañana les daré los pormenores de este vergonzoso caso.
