Con la renuncia de Blanca Lilia Ibarra a la CAIP, el acceso a la información pública en Puebla se queda en la orfandad. 
A partir de ahora los únicos comisionados que velarán por la transparencia en el estado —Javier Fregoso Sánchez y Federico González Magaña—, ligados al morenovallismo, desde que asumieron el cargo siempre se han caracterizado por proteger la información gubernamental con recovecos y vacíos legales.
En más cinco años y medio, Blanca Lilia Ibarra siempre se opuso a la opacidad gubernamental. “Desde el inicio de mi gestión, mi desempeño para resolver los recursos de revisión trató de ser fundamentalmente garantista, en apego a los principios constitucionales que le dieron origen al derecho de acceso a la información pública”, señaló la comisionada.
Era diciembre de 2008, el Congreso local estaba presidido por el diputado priista Othón Bailleres Carriles, cuando se eligió a Blanca Lilia Ibarra Cadena como integrante de la CAIP.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra pasó de menos a más y llegó a la CAIP luego del escándalo suscitado por el entonces comisionado Antonio Juárez Acevedo, quien, siendo miembro de una organización política, se postuló para formar parte de la CAIP violando la ley.
Durante la última parte del sexenio de Mario Marín Torres la participación de Ibarra Cadena fue “gris”. Sin embargo, en los tres primeros años del gobierno de Rafael Moreno Valle, ante el control de la CAIP por los comisionados morenovallistas, Ibarra actuó como contrapeso demostrando independencia de criterio en sus resoluciones.
Otra de las ventajas de Ibarra Cadena fue que su papel como comunicadora le permitió realizar un programa de divulgación de la transparencia. Como se recordará, ante la negativa de la CAIP se solicitó la comparecencia del comisionado ponente del tema de los helicópteros, Federico González Magaña.
La organización Actívate por Puebla solicitó oficialmente al Congreso del estado para que llamara a comparecer al integrante de la Comisión para el Acceso al Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, Federico González Magaña, para que aclarara su resolutivo para que no se entreguen las facturas de los helicópteros Agusta, del gobierno de Puebla.
La dependencia estatal alegó que de entregarlos se ponía en peligro la gobernabilidad del estado, por poner en riesgo la seguridad de los tripulantes de los helicópteros, entre ellos el mandatario estatal.
González Magaña, a pesar de tener facultades, por ley, de revisar los documentos para comprobar los dichos del sujeto obligado o dependencia estatal, no lo hizo al señalar simplemente que no lo vio necesario.
La postura de la CAIP desató una “ola” de protestas de distintos organismos especialistas en temas de transparencia, como Articulo 19 y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).
La presidenta del capítulo Puebla de Amedi, Lilia Vélez Iglesias, calificó como “ridícula” la postura de la CAIP, al resolver que los documentos sí ponían en peligro al gobernador y tripulantes.
Hoy Puebla tendrá que librar una lucha por la transparencia de la información gubernamental.