En más tres años de administración estatal, el Señor de los Cerros ha patentado su estilo autoritario de gobernar y de acallar a las voces disientes que cuestionen sus megaproyectos.
Desde los primeros días de la Puebla morenovallista vimos que sería una administración cerrada que no permitiría el disenso, y así, con el tiempo, la mayoría de los movimientos sociales fueron sofocados para evitar cualquier contrapeso.
La política del actual régimen es simple: asfixiar cada uno de los movimientos, desde los líderes hasta cada uno de sus integrantes. Así, líderes de movimientos sociales, académicos, transportistas, mototaxistas, sindicatos y opositores a los llamados proyectos de muerte y al gasoducto Morelos son algunos de los casos, donde ellos son víctimas de la persecución orquestada desde la zona de Los Fuertes.
Pero el hostigamiento contra los líderes sociales se recrudeció en 2014.
A principios del mes de abril el gobierno desató una cacería contra los opositores a su régimen. Primero fue Enedina Rosas Vélez, comisariado ejidal de San Felipe Xonacayuca; posteriormente, detuvieron a Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra Morelos, Puebla y Tlaxcala, junto con Abraham Cordero Calderón, integrante de la organización denominada Los de Abajo y del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada. A ellos los detuvieron a las afueras de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Además, el gobierno morenovallista se jacta de tener en el escritorio una lista de órdenes de aprehensión contra los opositores al citado proyecto.
Aunado a esto, el actual régimen tiene en el acoso una estrategia infalible, y esto lo vimos con Ricardo Pérez Avilés. El pecado del catedrático de la UAP fue cuestionar el proyecto del gasoducto.
Conforme avanzan los días la cacería contra las voces disidentes al morenovallismo aumenta.
El pasado 4 de junio nos enteremos del homicidio de Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular, y uno de los principales opositores al proyecto de construir una hidroeléctrica en el río Apulco, en los municipios de Cuetzalan y Ayotoxco.
A Esteban Cruz lo asesinaron de cuatro balazos. La PGJ apresuró la investigación y “aclaró” el homicidio en menos de una semana; la dependencia argumentó que la muerte del líder serrano se debió a una disputa por un predio. Sin embargo, la respuesta no convenció. Activistas culpan al gobierno de ser el autor intelectual del crimen. En el ambiente quedan muchas dudas. Incluso, el tema llegó a San Lázaro.
En esta semana Delfino Flores murió en su celda; el gobierno simplemente no escuchó la petición de la precaria situación de salud que vivía. La muerte del luchador social en una prisión es una muestra clara de la falta de sensibilidad y cerrazón del actual gobierno.
