El gobierno morenovallista trata a toda costa evadir su responsabilidad en el torpe desalojo policíaco en Chalchihuapan, donde resultó gravemente herido un menor de 13 años de edad.
A toda costa busca inculpar a los pobladores y trata de blindar la imagen del gobierno del estado ante el posible deceso del niño que fue víctima de la agresión.
Para el morenovallismo, San Bernardino Chalchihuapan es un refugio de delincuentes que deben ser castigados para poder mantener intacta su imagen.
Todo el aparato estatal y mediático está encaminado a inculpar a los pobladores que exigían la reincorporación del servicio del Registro Civil a su comunidad.
Incluso, como dice la máxima política, con el “divide y vencerás” el gobierno estatal acelera la división política que existe en San Bernardino.
Desde hace varios meses la comunidad de Chalchihuapan ha sido zona de disputa territorial entre Antorcha Campesina —al que pertenece la diputada federal Soraya Córdova— y Los de Abajo, que apoya Roxana Luna, también diputada federal.
Insistentemente, los detenidos en su declaración ministerial acusaron que la diputada federal Soraya Córdova Morán fue quien les pidió que acusaran al presidente de la junta auxiliar de ser el causante de la violencia.
De acuerdo al comportamiento de las autoridades morenovallistas, en San Bernardino Chalchihuapan habitan personas que atacan a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, delinquen contra las autoridades en su modalidad de desobediencia y resistencia de particulares.
Realizan lesiones dolosas, causan daños en propiedad ajena dolosos, se amotinan, privan ilegalmente de la libertad y cometen homicidio en grado de tentativa.
Al grado de iniciar una cacería en contra de 12 personas que participaron en la manifestación en contra de una determinación gubernamental: quitarles a las juntas auxiliares el Registro Civil.
Y para que el impacto mediático sea mayor, ayer mismo se dictaron autos de formal prisión contra tres detenidos. Los mensajes son claros:
1. Todo el peso de la ley a quien proteste con las medidas gubernamentales.
2. Protección absoluta a los policías estatales ante los excesos cometidos en los desalojos.
3. Inculpar a la población inconforme para justificar la represión con armas potencialmente letales, como las considera Amnistía Internacional.
Sin embargo, toda esta estrategia podría caerse ante un posible deceso del menor de edad, que ayer por la mañana sufrió un paro cardíaco pero los médicos de Terapia Intensiva del Hospital General del Sur lograron reanimarlo.
