El viernes pasado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) envió una especie de solicitud de auxilio a “quien corresponda”.
La supuesta buena intención de la dependencia del gobierno del estado de Puebla era la de buscar “testigos voluntarios” que hayan estado presentes el pasado 9 de julio, en la zona de San Bernardino Chalchihualpan, donde elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) desalojaron, con todo lujo de violencia, a los pobladores.
Con esta solicitud cualquier persona puede acudir, jurar que estuvo presente el día de los hechos y echar por tierra cualquier tipo de señalamiento.
Convenientemente, la PGJ se encargaría de tomar estas declaraciones.
¿Cuál sería el resultado?
Definitivamente, es necesario que lo ocurrido el 9 de julio pasado en San Bernardino Chalchihualpan sea investigado por otra autoridad que no sea el gobierno de Puebla, nadie va a creer en sus investigaciones.
¿Quién en su sano juicio iba a partear el pesebre?
¿Qué funcionario del gobernador iba a ir en su contra?
Es la época del autoritarismo.
PGJ y su flaco favor
¿Usted cree que se deba agradecer que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) “permita” que, a petición de los familiares de José Luis Tehuatlie Tamayo, se le realice una segunda necropsia, con personal externo del gobierno de Puebla?
Pero para nada, es un derecho legal y es una obligación de este gobierno de aclarar un caso donde esté en entre dicho la actuación de las autoridades que administran y procuran justicia.
Una segunda necropsia en un caso de secuestro y homicidio donde se vieron involucrados funcionarios de la pasada administración de Justicia demostró que a la víctima la habían asesinado en forma violenta, una segunda necropsia al cuerpo del menor de 13 años de edad demostraría que fue víctima de los excesos y abusos de la Policía Estatal.
Como que se antoja necesario que mientras dure una segunda investigación todos los mandos involucrados sean retirados de sus cargos, entre estos el mismo secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, además del secretario de Gobierno y otros más, incluso el procurador general de Justicia, que sigue “agradeciendo la chamba” no de lado de la justicia, sino a los pies de su patrón.
Y es que desde principios de esta administración el procurador se ha preocupado por mantener limpia la fachada del estado, aunque por dentro permanezcan las mismas mugres.
Se han ocultado todos los casos de homicidios violentos, secuestros, robos, utilizando recursos del mismo gobierno para mantener con mentiras a los poblanos.
Esta administración ha sido la única que eliminó oficinas de prensa, sobre todo en materia de seguridad pública y procuración y administración de justicia, para poder ser ellos mismos quienes manejen la información a su antojo.
Para además ser quienes manejen sus propias estadísticas.
¿Quién les puede creer que en Puebla no pasa nada?
¿Estamos en la media de quien?
Nos vemos cuando nos veamos.
