Justo cuando el escándalo mediático empezaba a descender, la Comisión Nacional de Derechos Humanos avivó el caso de San Bernardino Chalchihuapan, al citar a comparecer al secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, como parte de la investigación que realiza por las violaciones graves a los derechos humanos.
Hasta ahora, el morenovallismo se ha empeñado en centrar la crisis de Chalchihuapan en torno a uso o no de balas de goma. Sin embargo, ha sido incapaz de sostener esa tesis.
La historia de la bala de goma ha dado diversos tumbos y los términos utilizados para no asumir la responsabilidad de la brutal represión que fueron los habitantes de Chalchihuapan van desde las “piedras de grueso calibre”, ondas expansivas y, recientemente, la infiltración de grupos ajenos a los manifestantes para provocar la violencia.
Tesis que la opinión pública se encargó de destrozar al ser poco creíbles.
Así lo demuestran diferentes estudios demoscópicos. El más reciente,  el de Gabinete de Comunicación Estratégica, donde 88.6% de los ciudadanos encuestados considera insuficientes las explicaciones e investigaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en las que defienden la tesis de que un “cohetón” y de “las ondas expansivas” son la causa de la muerte del niño Jorge Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Los que menos creen la versión oficial son los jóvenes: 90.1% de los encuestados entre 18 a 29 años consideran que la investigación es insuficiente.
Por género, 89.2% de mujeres no creen en la investigación oficial.
Las autoridades del estado de Puebla han presentado al menos en tres ocasiones sus explicaciones sobre el operativo de San Bernardino Chalchihuapan. 
Pero más allá de esta cortina de humo del morenovallismo, el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas tendría que explicar ante la CNDH la violación sistemática de los derechos humanos en Puebla.
Y en el caso de San Bernardino Chalchihuapan, tendrá que justificar por qué no se respetó la libertad de expresión al debido proceso, a la comunicación privada, a los usos y costumbres indígenas, a la libertad de pensamiento y a la libertad de la vida.
¿Por qué en Puebla existe una policía estatal que carece de protocolos para garantizar los derechos fundamentales que otorga la Constitución mexicana?
¿Por qué se encarcelaron a cuatro pobladores si no tenían la certeza de que ellos fueron los responsables de la agresión?
¿Por qué tardaron tanto en liberar a los presos si la PGJ, por decreto, les redujo el número de delitos imputados?
Hoy podrían liberar a los presos para lavarse las manos y distensar el conflicto. Pero no podrán ocultar la violación de los derechos humanos de los presos políticos de San Bernardino Chalchihuapan.