La esencia jurídica de la figura del procurador de Justicia está centrada en la representación de la sociedad en los procesos penales.
En términos prácticos, el procurador es el representante social ante cualquier conflicto en donde se presuma la colisión de un ilícito en la mayoría de las veces penal.
En esa lógica, yo me pregunto en dónde diablos se perdió el procurador general de Justicia del estado de Puebla, Víctor Carrancá, cuando decidió asumir la postura de defensor jurídico del gobernador, en lugar de velar por proteger los intereses de los poblanos.
Para nadie es un secreto que Carrancá ha asumido las funciones de defensor y vocero, en lugar de proteger —como la ley lo obliga— los intereses de quienes resultaron afectados por los actos de represión en Chalchihuapan.
En estricto sentido, el señor procurador debería ser el encargado de proteger los intereses de los lesionados y de la familia del menor muerto, en lugar de estar metido en cuerpo y alma en la defensa de su jefe, el gobernador.
No es posible que la única figura de representación con la que cuenta la sociedad haya traicionado su responsabilidad legal para limpiarle la cara al principal sospechoso de la muerte del menor.
Es evidente que Carrancá dejó de ser un legítimo representante social cuando decidió defender y representar los intereses del gobierno del estado, convirtiéndose en juez y parte de un caso que indignó a la gran mayoría de los poblanos.
La función de defensor gubernamental que asumió el procurador corresponde el director jurídico del gobierno del estado o, en su defecto, a la SGG, a través de la subsecretaría jurídica.
Desde el punto que se le vea, lo de Víctor Carrancá es un acto flagrante de traición, el cual debe ser estudiado también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dejar sin efectos todas y cada una de sus actuaciones en esta investigación.
Veremos y diremos.
El impresentable Carrancá
Otra de las aberraciones en las que ha caído el procurador es en la declaración que hizo respecto al policía que presentaron en un video como uno de los agredidos en la gresca de Chalchihuapan, el cual confirmó que cuenta con antecedentes delictivos de tráfico de menores.
Así como usted lo lee.
El abogado Carrancá dijo que el policía Mario Tomás González Ricaño fue detenido y posteriormente liberado, pero que eso no le impide ser policía en Puebla.
Vaya, vaya.
Si bien es cierto que en México nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario a través de una sentencia, también es cierto que a los policías se les debe practicar una prueba de confianza, la cual no implica una sentencia, pero sí un impedimento para ser un efectivo policiaco.
Si la misma dependencia que Carrancá dirige consignó al policía por la presunta comisión de un delito, cómo es posible que tres años después lo considere idóneo para el cargo.
Y peor aún, que lo presenten como un testigo probatorio de la culpabilidad de los pobladores de Chalchihuapan.
Sólo así me explico cómo el mismo Carrancá —en su carácter de subprocurador del DF— ordenó la detención de Mario Bezares y Paola Durante para que seis meses después un juez determinara su libertad.
Ese mismo es el hombre que hoy defiende a Moreno Valle.
De ahí surge la pregunta: ¿Usted le cree a Carrancá?
Yo tampoco.
