Primero fue la Universidad Iberoamericana, ahora la Universidad Popular Autónoma de Puebla la que recrimina el estilo morenovallista de gobernar.
Al igual que el rector jesuita de la Ibero, Fernando Fernández Font, José Emilio Baños Ardavín, rector de la UPAEP, condena la constante violación de los derechos humanos en Puebla.
El pasado 3 de septiembre, con motivo de su primer informe como rector de la Ibero, Fernández Font realizó un crudo diagnóstico sobre la realidad política y social. El sacerdote jesuita presentó un análisis certero y demoledor para el morenovallismo.
“La criminalización de la protesta social y la falta de contrapesos en el Estado de Puebla, convierte a la entidad en una bomba de tiempo”, dijo en esa ocasión el rector de la Ibero.
Ayer, desde la universidad ideológica de la derecha poblana, el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), José Emilio Baños Ardavín, condenó la opacidad morenovallista y las leyes violatorias a los derechos humanos, como la “ley Bala”.
En ese sentido, exigió al gobierno morenovallista cumplir con las 11 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso Chalchihuapan.
También, demandó la revisión de la polémica “ley Bala” que el Legislativo local aprobó el pasado 19 de mayo con 32 votos a favor y cinco en contra, sin que hubiera una discusión a fondo de la ley y la consulta con ciudadanos. 
Y que ayer, una vez más se aplicó para desalojar a los pobladores de San Andrés Cholula que se oponen a la construcción del megaparque en la zona de la pirámide.
Las críticas del rector José Emilio Baños Ardavín también alcanzaron a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y empresarios de la derecha que han llegado al Congreso local con la etiqueta de “ciudadanos”, quienes han aprobado leyes como la propia “ley Bala” y que han abandonado la tradicional crítica de un sector de la derecha hacia los excesos gubernamentales.  
Al igual que Fernández Font, Baños Ardavín delineó el desequilibrio entre el afán modernizador del gobierno de Rafael Moreno Valle y las carencias en materia de derechos humanos y los rubros sociales. Sobretodo, la ausencia de transparencia del gobierno del estado.
De esta forma, cada vez son más las voces que se pronuncian en contra del estilo morenovallista de gobernar. 
 
La #leyBala sigue más viva que nunca
Mientras la #leyBala duerme el sueño de los justos en el Congreso estatal, ayer nuevamente fue utilizada en contra de los habitantes de San Andrés Cholula que protestan en contra del megaparque que el gobierno morenovallista quiere construir en la zona de la pirámide.
Ayer, a filo de las 3 de la madrugada la policía estatal desalojaron en forma violenta y detuvo a cuatro activistas que buscan proteger a la pirámide y su patrimonio cultural y ecológico.
En el desalojo una vez más fueron golpeados numerosos ciudadanos, entre ellos mujeres y niños que dormían fuera del palacio municipal de San Andrés Cholula como protesta.
Y los diputados locales vuelven a guardar silencio.
¿Qué esperan los legisladores para revisar la #leyBala y fijar los protocolos para su ejecución?
¿Será que esperan a que haya otro Chalchihuapan para que por fin se decidan a trabajar?