Si usted quiere ahorrarse la compra de una botella de licor —pomo—, ahorrarse las propinas al mesero, al encargado de la puerta y sobre todo si usted no quiere desvelarse y llevar a su mujer a presenciar un espectáculo de streptease masculino, obviamente no de mucha calidad, pero al final table dance, acuda a la Agencia del Ministerio Público de San Andrés Cholula, en el turno del abogado Juan Carlos Arizmendi Salazar, a quien le ha dado por empinarse sus alcoholes en horas de trabajo y ya en estado “burro” deleitar a su personal y a uno que otro invitado a bailes no privados, donde subjetivamente se va quitando la ropa, en un divertido espectáculo que nada tiene que ver con la procuración de justicia, pero sí con la vida nocturna. Ojalá que Normatividad del ayuntamiento de San Andrés Cholula no se dé cuenta de estos espectáculos, porque si no van a clausurar la Delegación del Ministerio Público por no contar con licencia de funcionamiento.
Pero además del “espectáculo” en pelotas, el representante social tiene varias quejas en su contra por no realizar su trabajo como corresponde y gratis como lo marca la ley.
Lo malo de todo esto es que el funcionario perpetra toda la serie de abusos bajo el supuesto amparo de su compadre Víctor Pérez Dorantes, quien fue subprocurador de Justicia en la pasada administración y ostenta el mismo cargo en el estado de Tlaxcala, de quien dice que incluso lo va a visitar en forma constante a su oficina, aunque ninguno de su personal se ha dado cuenta de la presencia de este funcionario.
Lo más malo es que cuando sí le cayó la sorpresiva visita al funcionario y le iban a practicar un examen tanto de orina como de sangre, para detectar en qué condiciones estaba trabajando, éste aprovecho un momento de descuido y escapó de la delegación, para que no se dieran cuenta en el estado en que se encontraba.
Lo más malo para el funcionario es que todos estos comentarios que usted leyó y que llegaron a esta columna a través de una denuncia ciudadana es que el procurador de justicia Víctor Antonio Carranca Bourguet está enterado de todo y don Juan Carlos Arizmendi podría engrosar la lista de que los que en breve van a ser despedidos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), muchos por reprobar el examen de confianza y otros más por dedicarse al espectáculo nocturno que a trabajar.
 
Mutilan a una niña de 16 años que era sexo-servidora
Generalmente este tipo de noticias deberían estar contenida en las páginas de la sección policiaca, sin embargo, un caso como el que se inició en el interior del bar Lido, en San Martin Texmleucan, continuó en algún lúgubre lugar y culminó en el fondo de un tonel hallado en la colonia Misiones de San Francisco, del municipio de Coronango, es una llamada de alerta sobre casos de homicidios en menores de edad, principalmente mujeres, ya que en Ciudad Serdán una joven de 16 años de edad murió tras ser golpeada con una piedra en la cabeza y abandonada en los campos del Tecnológico de ese lugar.
Casos que por supuesto no fueron difundidos por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), porque podrían afectar a su “impecable” y “ascendente” lucha contra la trata y la corrupción de menores.
La niña de 16 años de edad, que trabajaba como prostituta en un bar de San Martin Texmelucan, presuntamente bajo la protección de autoridades del ayuntamiento de esta ciudad, el fin de semana pasado salió con un cliente para tener uno de tantos sexo-servicios tolerados por los dueños del establecimiento, a través del pago de lo que se conoce como “salida”.
La niña desapareció, la mañana del lunes su cuerpo fue hallado mutilado, calcinado y dentro de un tambo, muy difícil para los médicos forenses poder determinar si la niña fue violada, de hecho en comparación con lo que hicieron pareciera no ser tan importante, aunque fue el preludio de un sangriento crimen.
La PGJ, a través del Ministerio Público de San Pedro Cholula, dio entrada a la averiguación previa 3977/2014 y el caso fue sumido en los archivos oscuros, a los que la PGJ y el mismo gobierno de Puebla no les conviene que se sepan.
La menor asesinada en forma brutal vivía en Puebla, tampoco se puede decir que la mataron en otro estado y la tiraron en Coronango.
La PGJ prefirió informar el “rescate” de varias mujeres que ejercían la prostitución en una casa de citas y de conformidad con los encargados les pagaban el 50 por ciento de lo que les pagaban a ellas, que abordar un tema tan delicado como el crimen de una menor de edad que vivía en circunstancias precarias, que se ganaba el pan rentando su cuerpo y por lo menos dar una sola esperanza a su familia y a los poblanos.
Que les costaba decir: “Estamos investigando”.
Nos vemos cuando nos veamos.