Cada vez son más las voces que denuncian la criminalización de la protesta por parte del gobierno morenovallista.
Ayer, el senador del PRD Alejandro Encinas acusó al gobierno morenovallisa de negligente y de que ha asumido medidas, acciones y políticas promoviendo leyes que atentan contra las garantías individuales de los habitantes del estado, desde la famosa “ley Bala”.
La organización de vendedores ambulantes 28 de Octubre, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y la corriente IDN, del PRD, se manifestaron por la represión morenovallista en contra de los habitantes de Chalchihupan y de las juntas auxiliares, que terminó con la aprehensión de cinco personas y del edil auxiliar de La Resurrección.
Y es que los delitos por los que encarcelan a los opositores del morenovallismo carecen de un verdadero sustento jurídico y sólo se entienden desde la óptica política de represión y venganza gubernamental.
El pasado 7 de octubre, alrededor de las 03:40 horas, un grupo de granaderos, fuerzas policíacas municipales, estatales y trabajadores del ayuntamiento de San Andrés ingresaron violentamente al edificio municipal que se encontraba resguardado por aproximadamente 50 sanandreseños.
Esto, luego de una jornada de protesta que incluyó el bloqueó del Periférico Ecológico y la toma del palacio municipal de San Andrés Cholula, en contra de las expropiaciones de tierras de cultivo en la zona de la pirámide.
En dicho operativo fueron detenidos Adán Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyópol, Albino Tlachi Valencia y Primo Manuel Tlachi Valencia.
Ese mismo día se estableció una mesa de diálogo entre funcionarios de la Secretaría General de Gobierno de Puebla e integrantes del movimiento Ciudadanos Unidos por Cholula Viva y Digna, en la que los funcionarios estatales se comprometieron a liberar a los cuatro detenidos y a cancelar las demás órdenes de aprehensión.
Acuerdo que fue posteriormente desconocido por el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas.
Y se ordenó ejecutar las órdenes de aprehensión, los presos políticos fueron acusados por los siguientes delitos.
1. Motín, presuntamente cometido en agravio de la seguridad del estado y orden constitucional, representados por el ayuntamiento de San Andrés Cholula.
2. Despojo, presuntamente cometido en agravio del ayuntamiento de San Andrés Cholula y representado por Paulino Pedro Lozada, síndico municipal y representante legal del ayuntamiento.
3. Daño en propiedad ajena doloso.
4. Ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte presuntamente en agravio de la sociedad.
5. Privación ilegal de la libertad presuntamente en agravio de Jesús Salvador Zaldívar Benavides, Manuel Alonso García, José Héctor Huerta Calvario, Josué Rivardo García Pérez y Enrique Nacer Hernández (funcionarios de gobierno).
Ver para creer.
Estas son las causas y argumentos para encarcelar a los opositores a los proyectos morenovallistas.
Sin duda, más allá de hacer cumplir el Estado de derecho, el morenovallismo criminaliza la protesta para desactivar, vía el miedo, cualquier intento de inconformidad y oposición a sus proyectos.
