El caso Chalchihuapan aceleró la polarización política del estado de Puebla.
El desgaste normal del morenovallismo y el surgimiento de movimientos sociales en contra de ese estilo de gobierno van en aumento.
Las posiciones se encuentran totalmente confrontadas y radicalizadas. No hay cordura de las partes, mucho menos de la autoridad, que es la encargada de mantener la gobernanza.
Ayer, el primer cuadro de la ciudad se convirtió en el campo de batalla para lanzar dardos propagandísticos para desacreditar a la contraparte.
En un acto de desagravio, el alfil morenovallista Pablo Rodríguez Regordosa, diputado panista local, justificó todas las acciones del gobierno estatal en torno al cumplimiento de las 11 recomendaciones de la CNDH por las violaciones graves a los derechos humanos de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.
En el Partido Acción Nacional, dijo, ante los diversos hechos que han cimbrado al país, “celebramos que en el estado de Puebla hay cabal gobernabilidad y se aplica el Estado de derecho, prueba de ello es el cumplimiento de la recomendación de la CNDH respecto al caso jurídico del 9 de julio; políticos de altura y con calidad moral se requieren para elevar el nivel de debate político que no privilegien su politizada agenda de intereses cortoplacista y mezquina. El PAN respalda totalmente al gobernador Rafael Moreno Valle, y su gobierno y la transformación de Puebla es algo que está a la vista de todos los poblanos”.
La declaración, lejos de contribuir a reducir el encono político, aumentó la polarización política. Sin duda, las puntualizaciones panistas llevan un mensaje de confrontación, sobre todo contra su enemigo político del 2015: el PRI.
Con esta declaración, el morenovallismo partidiza un hecho que no es político, sino violatorio de los derechos humanos.
La plancha del zócalo sirvió para que los habitantes de Chalchihuapan clamaran justicia, entre ellos Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatle.
Ahí, la diputada federal Roxana Luna Porquillo reveló que el pasado viernes tuvo un acercamiento con el primer visitador de la CNDH, Luis García López-Guerrero, quien le afirmó que no ha habido un informe oficial de la recomendación de parte del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
Este mismo viernes 24 de octubre feneció el término de 30 días hábiles para que el gobierno poblano cumpliera 11 puntos en la recomendación que le emitió la CNDH, luego de la violación grave de derechos humanos contra habitantes de Chalchihuapan.
Pero sólo en respuesta, el gobierno de Puebla se dedicó a emitir un comunicado afirmando que había cumplido con la aprehensión de seis policías estatales y seis pobladores.
“Hemos estado platicando con la CNDH para garantizar toda la documentación necesaria y así seguir con los trámites jurídicos en cuanto a las denuncias correspondientes”, dijo la diputada perredista.
“Si bien es cierto que el gobierno ya fijó una posición, es importante que se manera oficial la den a conocer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puesto que ella es la que emitió la recomendación”.
Los dimes y diretes continuarán en los próximos meses. El costo político de esta polarización se verá en las urnas en 2015. Veremos quién pudo más.