En un mundo al revés, los patos tiran a la escopeta. O lo que es lo mismo, quienes hoy son sujetos de investigaciones federales acusan persecución, acoso y hostigamiento para distraer la atención de escenarios futuros.
Es la historia de Yolanda Alvarado Camacho, extrabajadora de confianza de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro, que la víspera lanzó dardos distractores para correr un velo que impida el escrutinio obligado a su pasado reciente, en el periodo en que el Partido Acción Nacional fue gobierno.
Entre el personal de la institución era público el vínculo que la extrabajadora mantuvo con José Emilio Revueltas, el abogado de la delegación que el IMSS tuvo y contra quien litigó al mismo tiempo, en un franco caso de conflicto de interés. 
Revueltas fue llevado al cargo por Francisco Fraile García, un panista que ufano recorría las instalaciones médicas públicas como si de un hacendado porfiriano se tratara. Así lo describen los derechohabientes que llegaron a pedirle mayor calidez a la hora de la atención cotidiana.
El expediente que tiene el órgano de control interno en la ciudad de México respecto del caso Puebla involucra a la exjefa del Departamento de Contenciones, al propio José Emilio Revueltas y a Fraile García por el presunto delito de peculado, tras el rastro imborrable que dejaron a su paso.
Entre el periodo 2010 y 2012 resultó extraño que la recaudación por concepto de cobro de multas a empresas incumplidas cayó de manera dramática, por lo que comenzó una investigación interna y discreta para saber los motivos del descalabro de las finanzas públicas.
El resultado sorprendió. Los pleitos en instancias jurisdiccionales que entabló la institución a través de José Emilio Revueltas se perdieron frente a un despacho en particular, detrás del cual estaban el propio subalterno de Fraile y familiares de este panista caído en desgracia política.
No era extraño en el pasado encontrar empresarios que enfrentaban juicios mercantiles con la institución en la búsqueda de dinero en efectivo para el moche de hasta 30 por ciento del monto total de la deuda por incumplimiento de pago de cuotas que se pedía en los tiempos de Fraile, a cambio de limpiar expedientes.
Por eso no es casual que la embestida de Yolanda Alvarado haya subido de tono en las últimas horas. El miércoles 29 se reunió la Junta de Gobierno en la ciudad de México, para tomar decisiones respecto del caso particular de Puebla y otras entidades que viven procesos similares.
Ya previo al puente de Todos Santos, los involucrados en esta trama criminal habían decidido arrancar una campaña contra los responsables de la dirección del IMSS Puebla que había causado extrañeza en la Dirección General en la ciudad de México.
Es obvio que la feroz embestida contra la institución en estos días que incluye la patraña de la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Cámara de Diputados busca empañar la mirada para evitar echar luz sobre un tema que hiede a impunidad.