El proceso electoral de 2015 debe ser el instrumento de la sociedad para cobrar la factura a los partidos políticos que nos han quedado a deber en los últimos meses. A ellos y sólo a ellos debemos el estadio de cosas lamentables en las que se encuentra el país, que por momentos parece caerse entero.
El Partido Revolucionario Institucional, por detentar el poder federal, ha incumplido promesas en materia de crecimiento económico, empleo y seguridad. El último renglón ha sido acuciante en los últimos meses con la tragedia de Tlayaya y Ayotzinapa, después. 
El dispendio mostrado por la pareja presidencial evidenciado en las últimas semanas con una “casa blanca”, en el Distrito Federal, con un valor de unos 7 millones de dólares, no es sino la expresión más diáfana de la distancia que existe entre la clase política y una población empobrecida hasta la indecencia.
El reloj de más de medio millón de pesos modelo Naitilus 5712R de César Camacho, el líder nacional del partido que se ha autollamado el de las “mayorías”, confirma que sigue en la misma lógica desde antes de que perdieran el poder en 2010: dejó de ser revolucionario, y también institucional.
En el Partido Acción Nacional, el de la doctrina humanista y de la patria ordenada y generosa, también hace viento. Con legisladores y dirigentes que se han distinguido más por corruptelas, contrataciones de ficheras y chichifos, ha dilapidado su mejor valor: la decencia.
Los gobernadores de Puebla y Sonora, Rafael Moreno Valle y Guillermo Padrés Elías, encabezan la lista de los panistas que han protagonizado escándalos que han alcanzado a todo el país. El primero por el perfil dictatorial y por el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, perpetrado por la policía; el segundo, por la riqueza sospechosa y documentada.
Las grabaciones de sus legisladores en eventos privados que trascienden a la escena pública evidencian conductas discutibles y condenables por la doble moral con la que se han conducido. Hay quienes orinan agua bendita después de haberse reunido con el diablo, dice una frase popular.
Y cuando la única opción parecía la opción de la izquierda apareció el camposanto furtivo de Iguala y Cocula, en un estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática. 
La carnicería desatada la noche del 26 de septiembre en Iguala y la colusión del José Luis Abarca, un neoperredista sometido a proceso, echó por tierra la escasa honorabilidad de un partido político que agotó el modelo de consigna pública y protesta callejera, hasta que fue gobierno.
La matazón de los estudiantes y otros líderes sociales en ese estado del Pacífico ha escandalizado hasta al mismo Francisco, el papa que parece empeñado en revolucionar la Iglesia católica. De ese tamaño es el escándalo internacional, motivado por un edil de poca monta que pasará a la historia, junto al partido que lo postuló como asesinos de estudiantes.
No hay mucho margen para que los electores decidamos por la mejor propuesta en la elección de 2015. Los candidatos que aspiren a un puesto de elección popular deberán ofrecer algo más que promesas para cumplir con la sociedad ofendida por el dispendio, la mentira y la criminalidad de la clase política.