Las tres llegaron al estado de Puebla, respaldadas cada una con un distinto cartel, con una sola intención: la de enriqueces a costa del robo en ductos de Pemex, o, como vulgarmente se dice, “cuachicoleo”. Se presume que las tres eran amigas, pero la ambición y la lujuria las separaron y se hicieron enemigas; cada una, como una especie de “Camelia, la tejana”, pero más centradas en el fructífero robo a Pemex, a la nación.
Barbara Ilse Rodríguez Beltrán es la primera, Mercedes Reyes “Mercy”, la segunda, y la tercera no tarda también en ser ubicada; las dos ya son blanco de investigación, sobre todo por tener algo en común: las dos se relacionaron íntimamente con Jesús Palmero Hernández, alias “Chuy”, un funcionario de alto rango de Pemex, que desde Veracruz las ha beneficiado a las dos, cada una por separado, porque ambas se pelearon por este “galanazo”, que dejó de ser algo más que su cómplice para ordenar ductos en territorio poblano.
Usted debe recordar la carta enviada a esta columna, donde Doña Barbara fue expuesta como una de las principales jefas de una cédula del “mamileo” —así también se dice—, donde la víctima es la nación, algo así como un delito federal con todo el endurecimiento de las penas, además de que se considera a estos delincuentes como de la “delincuencia organizada”, otra ofensa federal que se paga con muchos años de cárcel.
Claro, cuando no hay corrupción de por medio.
Usted debe recordar la carta. La misma misiva indica que esta mujer tendría en su poder al menos nueve “puntos estratégicos” en las zonas de Coronango, San Martín Texmelucan y Acatzingo, también conocidas como tomas clandestinas, donde por día extraen hidrocarburos al menos en cinco ocasiones —por cada toma—. Cada pipa cargada tiene una ganancia de 280 mil pesos.
La misiva llego acompañada de una fotografía donde aparece Barbará Ilse Rodríguez Beltrán con Jesús Palmero Hernández, de quien se dice es supervisor de Pemex, en Veracruz, de manera exacta de donde salen los envíos de hidrocarburos, además de gasolina, que son robados de las tomas ubicadas en las mencionadas zonas. El informe dice que son “pareja”.
De hecho, Palmero Hernández, de acuerdo con la denuncia anónima, sería quien, además de avisarle a Barbará Ilse los “puntos” donde pueden operar, se encarga también de —el día del robo— envía mayor presión donde va a ser la “ordeña”, para que pase desapercibida por otras autoridades de Pemex. 
Los dos presuntos “cuachicoleros”, además de sujetos con los apodos de “El Chuy” y “El Chaparro”, y otros más, junto con una flotilla de pipas, muchas de estas robadas mediante asalto, operan en el robo en ductos de Pemex contando con la aprobación de autoridades municipales y del estado, incluso federales.
De la segunda mujer le comente en la entrega pasada. Lo que aquí le comento es parte de una carta llegada a esta columna, que, en forma anónima, denuncia una red dedicada a esta felonía, capitaneada por una mujer identificada con el nombre de Mercedes Reyes, alias "la Güera" o "Mercy", que podría ser un eslabón del "Cartel del Golfo", de los que operan desde la ciudad de Tamaulipas.
“Esta célula que opera en ductos de Pemex, que van de Huejotzingo hasta Amozoc de Mota, contando con la protección directa de un comandante de la Policía Federal, con la clave F-30, quien proporciona todas las facilidades para que por carreteras federales circulen pipas, incluso las reportadas como robadas, con productos de Pemex, para que estos sean vendidos, con precio de robados, por supuesto”.
“Para la circulación por carreteras municipales y del estado se encargan desde las policías municipales, del estado y los de la ministerial, quienes reciben importantes sumas de dinero para permitir el robo en ductos, la circulación de vehículos y la venta de los robados en negocios que ubican en este mismo corredor, de Huejotzingo hasta Amozoc de Mota, una de las rutas consideradas más "fructíferas" para el robo de hidrocarburos, y donde existe la complicidad con personal de Pemex a cargo del manejo de las válvulas, incluso de las plantas de Veracruz”.
“Los dueños de estos terrenos cobran 50 mil pesos a la semana para permitir que el crimen organizado opere dentro de sus propiedades, aunque luego se hacen ‎las víctimas fingiendo que no sabían nada, además de que no sólo les pagan esta suma, sino que además se llevan un porcentaje de la venta de lo robado”.
Por cierto, hay confesiones que hunden a quienes han prestado protección a esta mujer.
¿Sabe el nombre de la tercera comadre?
Nos vemos cuando nos veamos.