Ya con unas copas entre pecho y espalda, en medio de la algarabía de la fiesta patronal, un grupo de líderes de la región soltó a su boca jarro, frente a su interlocutor: ¡Díganos sí, y tomamos las armas!
Era el clamor de un conjunto de hombres de un pueblo perdido en la Sierra Negra ante la circunstancia por la que atraviesan amplios segmentos de la sociedad, que alcanza la zona rural de la serranía del estado. Los nombres de los testigos, obvio, es mejor tenernos a resguardo, ante el clima de persecución que priva aquí cerca.
Así que si los operadores del sistema asumen que Puebla es ínsula de poder ajena a las posturas radicales y vaivenes de las movilizaciones en el Distrito Federal, para demandar la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, están equivocados.
Las muestra de repudio al inmovilismo federal tras el rapto de los estudiantes y la persecución y detención en el territorio poblano de opositores al régimen son mezcla explosiva que, por lo pronto, ya mereció una mirada atenta y un deslinde pertinente.
“La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla siempre ha sido respetuosa de las diferentes manifestaciones y expresiones de su comunidad, por lo que ninguno de sus miembros requiere cubrirse el rostro ni actuar en el anonimato”, se leyó en un comunicado oficial de la institución.
Entre líneas, se trata de la aceptación de la existencia de un germen social que tiende a la polarización, merced de arranques convertidos en política pública que apuntan a un acoso pertinaz y sistemático de las autoridades locales que no ocultan el rostro adusto del autoritarismo.
Es suficiente echar una mirada a los diarios que se precian de llevar información puntual a sus lectores, para reconocer el mapa de riesgo para el sistema político, que necesariamente conlleva un factor adicional y de alta peligrosidad: que la sociedad ajena a ésta reyerta sea rehén de una pugna violenta.
No sólo se adolece de una mirada periférica para entender que el caldo de cultivo a punto de hervor en el contexto nacional también ha sido nutrido por la aportación poblana.
Desde el niño asesinado por un proyectil policial en el desalojo de Chalchihuapan, en julio pasado, el acoso contra los concesionarios de transporte público y propietarios de mototaxis, la persecución y encarcelamiento de opositores al régimen o las inconformidades ciudadanas por la falta de servicios públicos decentes y a costos regulares.
La agenda de riesgo está a la vista, más latente y obvia que nunca. Contrario a la visión simplista de quien despacha detrás de los cómodos escritorios en las oficinas gubernamentales que asumen que el escándalo de Ayotzinapa y Tlayaya, son cortina de humo que impide ver desde el centro del país el estado delicado de cosas, que cada día tienden más a una revuelta popular.
