Los plazos volvieron a rebasar a los operadores del gobierno morenovallista. El arranque demorado de la línea dos del metrobús evidenció la falta de capacidad de los funcionarios de la Secretaría del Transporte para retirar por la vía concertada a las unidades de las rutas que circulan sobre la 11 Norte-Sur.
Ante esa imposibilidad, el morenovallismo recurre a su infalible estrategia para quitar a quien se opone a sus proyectos: crear confusión, hostigar, amedrentar y reprimir.
Ayer, la Secretaría de Transportes sin previo aviso comenzó a retirar unidades de las rutas Galgos del Sur y Mayorazgo, con cualquier pretexto: camiones con algún vidrio roto, llantas lisas, publicidad sin permiso o algún faro descompuesto.
Tras el operativo, los afectados y autoridades de la Secretaría del Transporte sostuvieron una reunión de más de cinco horas. Las posturas fueron irreconciliables. Los concesionarios salieron insatisfechos y sin ninguna fecha fatal para que sigan circulando sus unidades en este derrotero, aunque piensan que en unos nueve días ya no lo harán.
Además se les informó que para poder sacar las unidades decomisadas por irregulares tienen multas hasta de 7 mil pesos.
Para los concesionarios estas acciones son medidas dilatorias para desaparecerlos, en una clara operación hormiga para dejar libre la 11 Norte-Sur para el metrobús.
El temor se empieza a apoderar de los concesionarios. Tienen miedo de que los vayan a aprehender y encarcelados con cualquier pretexto, luego de amenazas que les han hecho algunas autoridades de la Secretaria del Transporte.
Como se recordará el año pasado, el 20 por ciento de los concesionarios con rutas que circulan en la 11 Norte-Sur aceptaron unirse a un fideicomiso para la línea 2 de la RUTA.
Es decir, un poco más de 350 concesionarios se sumaron al proyecto morenovallista, en su mayoría por temor a represalias si llegan a inconformarse contra las autoridades, sobre todo al ver la aprehensión de decenas de presos políticos.
Otro grupo de por lo menos 40 concesionarios recurrieron al amparo para que no les apliquen las reformas a la Ley de Transporte, y sus unidades puedan seguir circulando. 
En los primeros días del mes de noviembre de 2014, el juez de distrito resolvió a favor de los concesionarios, al otorgar la suspensión definitiva de los alcances de la legislación que pudieran perjudicarlos.
Lo que implica que el gobierno de Puebla no les puede retirar la concesión, solamente hacer los cambios de ruta o derrotero necesarios ante la llegada del metrobús en la zona de la 11 Norte-Sur. Pero las autoridades mantienen todo en completo hermetismo.
Los próximos días serán definitivos, pero mientras no entre en funcionamiento el metrobús y sigan retirando unidades, los afectados son los usuarios del transporte público de pasajeros.
De continuar con el operativo hormiga para retirar camiones, los transportistas podrían defender su patrimonio con otras acciones, que podrían desencadenar en la protesta, que ha sido la constante en el último año del gobierno morenovallismo.