En los últimos cinco meses no han dejado de clamar por ayuda. Se han valido de todos los medios, han hecho denuncias vía telefónica a medios de comunicación que han motivado sendas publicaciones, han hecho llegar su queja ante la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, han tratado de establecer comunicación con el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, que al parecer no ha sido informado por su equipo de colaboradores más cercanos o de plano no le importa.
Han tratado de llegar por medio de sus abogados a la Dirección General de Centros de Readaptación en el estado, pero todo ha sido en vano.
Pero a medida que han transcurrido las semanas, la situación empeora y ahora nadie sabe en qué pueda acabar.
Se trata de la descarada explotación sexuales de cuatro mujeres colombianas, presas alguna desde el 2012 y otras de recién ingreso, septiembre del año pasado, en el Cereso Regional de San Pedro Cholula, sin que nadie mueva un dedo para poner un alto a la directora María del Consuelo Reyes Rojas y a sus dos subdirectores, el de seguridad y custodia Cuauhtémoc  Alossio Chávez y el administrativo Rodolfo Rivera Zahuita, quienes de manera directa son los operadores de esta red de prostitución que se ha convertido en una verdadera minita de oro para los funcionarios municipales.
Ha sido tal éxito de la explotación sexuales de estas reclusas sudamericanas, que lo único que puede explicar que nadie haga nada es que el negocito tenga la bendición de altos funcionarios en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado, como es el caso del abogado Rafael Adame Gómez, actual titular de la Supervisión General de Reclusorios, quien debería de haber actuado ya ante las cartas, llamadas telefónicas y planteamientos verbales de los abogados de las colombianas, pero se ha mantenido al margen ¿Por algo será?
Pero lo que verdaderamente no tiene nombre es que el pasado 28 de diciembre del 2014, al oponerse rotundamente a seguirse prostituyendo en la cárcel municipal para beneficio económico de sus directivos, las cuatro mujeres Karen Angélica Wilches, María Nubia Galindo, Leidi Lorena Vargas y Elisa Aidee González fueron brutalmente golpeadas y segregadas, para que entiendan que deben obedecer lo que se les manda, le guste o no, les parezca o no, razón por la cual han cesado de inconformarse por temor a peores represalias, aunque sus abogados y los medios de comunicación no quiten el dedo del renglón.
Por lo pronto, hasta el día de hoy aún nadie escucha la voz de estas reclusas. Nadie las oye, para nadie existen, su cuerpo se ha convertido en sólo una vil mercancía, en una moneda de cambio, ellas proporcionan sus caricias a quienes los corruptos funcionarios ordenan.
A cambio, tienen derecho a tres comidas al día, un camastro para dormir y algunos artículos de aseo personal y otro punto sumamente importante, el derecho a vivir en paz, mientras dure su cautiverio en prisión…
 
Por el arco del triunfo
Usted debe de recordar la entrega pasada, donde le comente un caso de explotación sexual a niños y niñas de 14 a 17 años, donde opera una red de tratantes de blancas que desde las redes sociales se anuncian, además de tarjetas que reparten pleno zona, y le aseguro que no pasó nada, al gobierno de Puebla no le importó mucho enterarse de una red de prostitución que opera con toda la operatividad del crimen organizado.
La tarjeta ofrece: Sexi chicas, sexy colegialas —de las que se dice son de 14 a 17 años de edad—: cubanas, colombianas, trios, swingers, les‎bianas, stripers, negros y más, todo lo que se pueda imaginar.
La tarjeta tiene además dos direcciones, una de Twitter, @palomodelinares y otra de Facebook con "palomo de linares”.
Los teléfonos son: 2222 062929 y 241 124 7609, con la frase "servicio a domicilio”.
Quien contesta la llamada es un sujeto que se escucha como extranjero, pero quien dice al que llama que tiene lo que pidan, incluso varones menores de edad, y sin más recato dice que lo pueden llevar a su casa o a donde usted disponga.
El precio es de mil 500 pesos la hora —lo que usted escoja—, además de que si desea toda la tarde o noche es de 5 mil pesos.
Es obvio que este tipo de organización debe tener grupos de seguridad que escolten a quienes llegan a vender un sexo servicio, y no sería extraño que estos personajes estén privados de su libertad y estén siendo obligados a ejercer la prostitución, sino es que incluso los mantengan drogados para que no pongan resistencia, sobre todo cuando se trata de menores tanto niños como niñas. 
Este tipo de tarjetas circulan en la ciudad de Puebla en forma por demás cínica.
Quienes se encargan de la distribución de las mismas son jóvenes niñas que seguramente van respaldados por elementos de seguridad que a todas luces deber de ser delincuentes.
Ésta es otra forma de operar del crimen organizado, de organizaciones que se dedican a la trata de personas, que deben tener armas y cartuchos para respaldar a las organización, drogas para tener sometidos a sus víctimas, en este caso a quienes obligan a prostituirse, dinero para poder pagar grandes sobornos, equipos humanos dedicados a la distribución de propaganda, para atender teléfonos y redes sociales, para el traslado de las víctimas —con todo y vehículos—, además de quienes se dedican a vigilar y alimentar a las víctimas, sin dejar de mencionar casas de seguridad, y otras cosas más.
¿Es o no crimen organizado?
Nos vemos cuando nos veamos.