Bastó que un grupo de universitarios realizara pintas con consignas de tipo político: “Gobierno Asesino”, “Levántate pueblo, ya”, “Ayotzinapa vive”, en los muros de comercios y en los paraderos de autobuses sobre el bulevar 5 de Mayo, para que la intolerancia de los diputados panistas saliera a relucir.
El 20 de enero de 2015, un día después de la detención de tres estudiantes que protestaron en la visita del presidente Enrique Peña Nieto, los universitarios pintaron consignas sobre los paraderos de autobuses, donde lucía la propaganda de Rafael Moreno Valle.
Este hecho fue la gota que derramó el vaso panista. Ocho días después de las pintas —28 de enero de 2015—, los legisladores del blanquiazul presentaron una iniciativa para incrementar las penas contra quienes realizan pintas en espacios públicos.
La iniciativa, presentada por el diputado panista Eukid Castañón Herrera, buscaba reformar los artículos 186 y 413 del Código Penal del estado.
El objetivo no era otro más que incrementar las penas a quienes intervengan gráficamente y sin autorización el espacio público y el privado, con penas de hasta cuatro años de cárcel.
Al mismo tiempo, se vincularía al pandillermismo, delito al que se le duplicó la sanción, pasando de tres a seis años de cárcel
En la iniciativa se añade un tercer párrafo al artículo 413, para sancionar con hasta 12 años de prisión “a quien o a quienes de forma ilícita y dolosa, causare o causaren alteración, daño, destrucción o deterioro al equipamiento o infraestructura urbana, a algún bien destinado o utilizado para la prestación de servicios públicos”.
Las críticas no se hicieron esperar. La presidenta estatal del PRD y diputada local, Socorro Quezada Tiempo, se pronunció “a favor de mandar a la congeladora la iniciativa panista, al acusar que criminaliza una forma de expresión”. La legisladora consideró excesivas las sanciones propuestas en la iniciativa del PAN.
Once alcaldes del partido Movimiento Ciudadano señalaron que no aceptarán la reforma panista en contra de ciudadanos que se expresen en pintas o grafitis, ya que intenta “sembrar temor” para frenar la inconformidad de los jóvenes.
Incluso, José Juan Espinosa Torres, alcalde de San Pedro Cholula, calificó el proyecto panista de “torpe” y “excesivo”, ya que la reforma sólo busca “criminalizar la protesta social”.
Organizaciones sociales y universidades también condenaron la propuesta. Ayer, el diputado Eukid Castañón suavizó su iniciativa de ley que criminaliza el grafiti.
Sin embargo, la moneda aún esta en el aire, ya que este viernes, durante la sesión de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, se analizará la iniciativa que propone una pena de entre seis y 12 años de cárcel.
