Y se supone que todo nos los tenemos que creer, principalmente porque los informes emanan de una autoridad.
El desfile inicio el viernes, como “entrada” en una “comilona de verdades a medias”.
La Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI), por medio de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), de donde depende, envió el boletín 4957, donde detallaba el secuestro exprés que sufrió una menor de edad.
El nombre de la plagiada no fue revelado, porque es menor de edad, tampoco el lugar donde estuvo “aislada” mientras que sus familiares sostenían comunicación con un sujeto que aseguraba que la tenía secuestrada.
Y dizque intervino la DGADAI, y quienes estaban llamando decidieron dejar de hacerlo y la menor salió del hotel como entró, sana y salva.
Y todos debemos creer que existió un secuestro exprés, seguido de llamadas de extorsión.
Pero eso no fue todo.
El mismo comunicado detallaba lo ocurrido el viernes 13 de febrero, cuando agentes de la GDAGAI abordaron un microbús para interrogar a un joven de un “caso que estaban investigando”, y resulta que no se quiso identificar y esto los molestó a grado tal que tuvieron que llamar a la mamá de este joven para que lo identificara.
Y esa fue su justificación, que “estaban investigando a un sujeto con un nombre similar.
¿Qué aparato de inteligencia tendrán que con sólo apuntar a un autobús aparecía el nombre de un sujeto que andaban buscando?
¿Quién es su brujo?

 

Que ya aclararon el secuestro y crimen del estudiante del ITESM


Después, como “platillo fuerte”, la PGJ, por conducto de la DGADAI, cita a los reporteros de la fuente, porque ya habían aclarado el secuestro y homicidio de Antonio Sebastián Préstamo, quien tenía 18 años de edad.
Informan que uno de sus compañeros, de 17 años, fue uno de los principales sospechosos y detenidos, pero no dan el nombre, “es menor de edad”, tampoco los nombres de otros dos presuntos cómplices, originarios de Xalapa, porque “también son menores”.
Y dicen que si el secuestro ocurrió el viernes 6 de febrero, el sábado 7 ya había sido hallado el cuerpo sin vida, y que de ahí partieron las investigaciones.
No, pues sí son “chingones”.
Pero resulta que en un primer boletín de este caso la PGJ ya había presentado una postura, y no fue otra que la DGADAI estuvo en las negociaciones de rescate.
Claro, sabían que la víctima había muerto, otra vez su equipo de inteligencia “del más allá” y su “brujo”, pero que no fue sino hasta el 12 de enero que la identificación se hizo oficial.
Y todavía más, algunos medios de comunicación dijeron que la PGJ iba tras el homicida, que se había tratado de una “venganza”.
Otra vez para desviar a la sociedad de su evidente negligencia.
Y luego lo del estudiante del viernes, a quien confundieron porque tenía el mismo nombre. ¿Cómo chingaos lo adivinaron?
¿El chofer del procurador es de la DGADAI?
Y entonces el caso fue aclarado.
Ni siquiera se dijo cuánto dinero pagó la familia del secuestrado, de los 15 millones que les pedían, porque ellos estuvieron al tanto de las llamadas de rescate, eso dijeron.
Un adolescente es el responsable, otros dos sus cómplices, otro secuestro antes del asesinato de Antonio Sebastián.
Pero de esto no hay un informe concreto para convencer a la sociedad.
¿Otra vez hay que creerles?

 

Los negocios turbios del Cereso de Cholula

La intervención de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado (SSPE) para desmantelar la red de prostitución que desde mediados del año pasado se operaba en el Cereso Regional de San Pedro Cholula, por medio de la explotación sexual de cuatro reclusas de nacionalidad colombiana, que ya fueron trasladadas la semana pasada otros centros penitenciarios, junto con la pareja de reos que desde el interior del penal operaban este negocio, es un avance para meter orden en el  reclusorio, pero es insuficiente.
De ahí que es de fundamental importancia que el equipo de asesores del presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, le presente un informe completo de lo que están pasando al interior del reclusorio, para que ahora sea el ayuntamiento quien continúe con las acciones de reordenamiento pertinentes, tales como el relevo necesario de sus directivos.
El municipio no debe seguir sometido a fuertes cuestionamientos, como ha venido ocurriendo hasta la fecha, antes las irregularidades que se han venido denunciando en las últimas semanas, no sólo con el cínico comercio sexual de las cuatro reclusas sudamericanas, que ya se suspendió, sino además por los múltiples negocios turbios que se realizan al interior del penal, como lo es la renta a los presos, de diversos artículos como televisores, DVD, películas, grabadoras y la cobranza en las casetas de comida y en las tiendas de abarrotes que funcionan al interior del Cereso.
Aunado a lo anterior, el cobro por el uso de los baños y la venta al mejor postor de los servicios de visita íntima, lo cual es un tema sumamente delicado al que ya se le debe poner un hasta aquí por parte de las autoridades municipales, en virtud de la ambición de su actual directora, María del Consuelo Reyes Rojas, y de su subdirector administrativo, Rodolfo Rivera Zahuita, un sujeto surgido de las cañerías de la política cholulteca que llegó caminando a trabajar al reclusorio hace un año y que ahora hace ostentación de su riqueza, y de al menos tres autos que ya tiene a su servicio.
Nos vemos cuando nos veamos.