Nadie en Puebla puede olvidar que el actual gobierno estatal mató a un niño, sin que hasta la fecha se haya actuado contra los asesinos.
Por esa razón, a un año de distancia, es necesario retomar todo lo que sucedió ese día trágico en Chalchihuapan.
Esta es la columna que escribí, justo cuando el gobierno negaba la inminente muerte cerebral del niño José Luis.

Contracara 14 de julio
¿Una vida es el costo de la represión?
Aunque nunca es grato dar malas noticias, esta vez debo dar una de ellas, toda vez que una fuente confiable me reveló que las condiciones del niño que recibió el proyectil por parte de la Policía Estatal la semana pasada son severamente críticas y de pronóstico reservado.
De acuerdo con esta fuente, que estuvo presente en el quirófano durante la intervención que se le practicó al niño, éste sufrió pérdida de tejido óseo de bóveda craneana (perforación del cráneo), lesión de duramadre (cubierta del cerebro) y pérdida de masa encefálica de 7 a 8 centímetros cúbicos, con un pronóstico de "muy grave".
Para quienes —como este columnista— no están familiarizados con los términos médicos, debo puntualizar que el niño fue intervenido por las lesiones que recibió por el impacto de un proyectil en la cabeza, el cual provocó la perforación del cráneo hasta afectar la duramadre y provocar la pérdida de masa encefálica.
Tras la operación, que se prolongó hasta las tres de la mañana, resulta imposible para los propios médicos diagnosticar si el niño salvará la vida, al igual que determinar las secuelas que pudiera tener en caso de una eventual recuperación de la conciencia.
Aún para quienes no tenemos elementos médicos, nos queda claro que la pérdida de 8 centímetros cúbicos de masa encefálica coloca al paciente en una situación de extrema gravedad.
Por supuesto, todos esperamos que se dé el milagro de que el niño recupere la conciencia sin que existan secuelas que le impidan hacer su vida normal, pero desgraciadamente las circunstancias marcan un pronóstico nada favorable.
Lamentablemente, desde Casa Puebla se ha dado la orden de convertir el hospital en un búnker de guerra donde todo es hermetismo y tensión.
Por obvias razones nadie puede confiar en la información oficial que se da a conocer por parte del gobierno del estado, el cual ha ejercido todo tipo de presión para evitar que crezca este escándalo que tiene sumido al gobernador Moreno Valle en su peor crisis desde su llegada al poder.
La represión del gobierno morenovallista fue creciendo sin control hasta provocar que hoy un niño se debata entre la vida y la muerte.
La hemeroteca de Intolerancia Diario sirve de testigo de los innumerables actos de represión que han marcado a este gobierno. Nuestro rotativo ha dado cuenta de la creciente ola de autoritarismo vaticinando una tragedia como la que hoy tiene consternada a la sociedad poblana.
Desde los tiempos de Ardelio Vargas en la Secretaría de Seguridad Pública hasta los tiempos actuales del inefable Facundo Rosas en esa misma dependencia, Intolerancia Diario ha reseñado los excesos de poder con los que han intentado callar a los grupos inconformes.
Lamentablemente, la soberbia no les permitió darse cuenta de que estaban rebasando los límites y terminaron provocando este drama entre la familia de este pequeño.
Hoy el gobierno morenovallista está más preocupado en demostrar que no se utilizaron balas de goma, antes que investigar y castigar a quienes ordenaron esta agresión.
¿Qué demonios importa si la lesión de este niño fue con bala de goma o con un proyectil explosivo o por una granada de humo, cuando el video demuestra que fue la policía la que lo agredió y que hoy el niño está muriéndose?
Lamentablemente, el grueso de los medios locales está más preocupado en justificar las acciones represoras del gobierno en lugar de exigir que se haga justicia y se castigue a quien agredió a este niño.
Dicen que la culpa es de la familia del pequeño, por haberlo llevado a la manifestación.
¿Pues en dónde carambas querían que lo dejaran, en una ludoteca?
Si no iban a una guerra, sólo querían que les devolvieran el Registro Civil.
Pero trataron como criminales peligrosos a los que sólo con gases lacrimógenos, balas de goma y proyectiles podían detener.
Evidentemente, la orden de la agresión policiaca no fue una ocurrencia de quien estaba al frente del operativo, esa orden vino de arriba, de muy arriba, en donde sólo se escucha la voz del Señor de los Cerros.

Lucra la Procuraduría con caso Actinver

Al igual que lo han hecho con el mega fraude de los hermanos Tiro Moranchel, ahora la Procuraduría General de Justicia en el estado de Puebla dio entrada a denuncias penales en contra de los funcionarios Luis Ortega Trelles y Raúl Sánchez Zepeda, presuntos responsables de un fraude millonario en contra de cuando menos una veintena de empresarios poblanos.
El problema radica en que los delitos quede les imputa a los dos exfuncionarios de Actinver son del fuero federal, por lo que la PGJ no debió recibir las denuncias, por tratarse de un asunto federal.
Sin embargo, haciendo caso omiso a la ley, la Procuraduría del Estado dio trámite a dos denuncias presentadas por dos de los acreedores, entre ellos Ricardo Senderos Valdés.
La decisión de la PGJ de dar entrada a las denuncias a través del fuero local, podría dejar sin posibilidades de negociar a los defraudados que tomaron el camino jurídico correcto y que presentaron sus denuncias en la delegación de la Procuraduría General de la República.
La complicidad entre la Procuraduría a cargo de Víctor Carrancá, con los abogados de Senderos Valdés parece más que evidente, y las facilidades que reciben, contrastan con los obstáculos de cualquier otro litigante.
El modus operandi de la Procuraduría de Puebla es así de burdo: sin importar los impedimentos jurídicos, a los agentes del MP del fuero común, se les ordena iniciar las averiguaciones previas respectivas, sin verificar la veracidad de los documentos presentados —cheques y pagarés falsos—, para de inmediato asegurar los bienes inmuebles propiedad de los denunciados y también los de algunos de sus familiares.
El objetivo es rematar estos bienes para pagarles a los acreedores en tiempo récord, dejando fuera a los legítimos acreedores, quienes correctamente denunciaron ante la PGR.
En pocas palabras, altos funcionarios de la PGJ litigan casos fuera de la ley, para beneficiar a sus "clientes", sin importar la ilegalidad en la que incurren.
En próximas entregas les daré más información del caso Actinver, aunque seguramente otros medios también aportarán elementos periodísticos que revelen que el despacho litigante más grande de Puebla, está a cargo de Víctor Carrancá.