Hace casi un año de distancia, justo cuando el gobierno del estado —en un acto de auténtica cobardía— buscaba alargar la vida del niño José Luis por medios artificiales, pese a que ya se había decretado su muerte cerebral, para desconectarlo un viernes y así buscar que el golpe mediático se perdiera en el fin de semana; en Contracara escribí la siguiente columna, que me parece no solo oportuna, sino necesaria su publicación, justo cuando se cumple un año de ese violento desalojo, el cual le costó la vida a este inocente niño.

Contracara 15 de julio 2014
Todos somos Tlehuatle

En medio del drama que se vive en Puebla en torno al grave estado de salud del niño Tlehuatle Tamayo, diversos medios locales han intentado desvirtuar la agresión sufrida por los pobladores de Chalchihuapan argumentando que el cierre de la carretera fue motivo suficiente para que el gobierno morenovallista ordenara el desalojo de los manifestantes a través de la fuerza pública.
En ese sentido, hay que decir que el presidente auxiliar de la junta de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, solicitó ser atendido en la Secretaría General de Gobierno, al grado de que acudió con un grupo de habitantes de esa población a Casa Aguayo para explicar su inconformidad y los problemas que genera el que hayan perdido el control del Registro Civil, sin que hayan sido escuchados ni atendidos después de 10 horas de espera a las afueras de las oficinas centrales de la SGG.
Sin justificar el cierre, es evidente que la cerrazón de la autoridad estatal ha provocado un creciente enojo entre los habitantes de las juntas auxiliares, los cuales no tienen forma de manifestar su desacuerdo.
Es evidente que la nula capacidad de diálogo de la autoridad estatal ha enfurecido a estos pueblos, los cuales no encontraron otra forma de hacerse escuchar que con el cierre de diversas carreteras.
Por si fuera poco, los operativos de desalojo no han sido con el objeto de persuadir, sino de agredir de manera directa a los manifestantes, sin importar que entre ellos hubiera niños y mujeres.
El día de ayer el reportero Jorge Castillo relató los términos en los cuales inició el operativo policiaco en Chalchihuapan, en donde el comandante encargado anunció que no iba a dialogar, sino a desalojar, para lo que tenían cinco minutos para liberar la autopista o de lo contrario se atuvieran a las consecuencias.
Sobra decir que ni los cinco minutos pasaron cuando dio inicio el operativo que provocó lesiones a 40 pobladores, incluidas las del niño Tlehuatle, quien hoy se debate entre la vida y la muerte por el impacto de un proyectil antimotines lanzado por la policía estatal.
Los vídeos que hoy circulan en algunos portales locales y nacionales y por las redes sociales demuestran la brutal agresión con la que fueron desalojados, como si enfrentaran a un grupo de insurrectos con antecedentes de violencia.
Si bien es cierto que el bloqueo de carreteras es un acto reprobable, también debe uno ponerse en los zapatos de la gente que busca ser atendida y que sólo encuentra puertas cerradas en las instancias oficiales.
Otro dato importante es que a las personas que hoy se encuentran en la cárcel la policía los detuvo antes de iniciar con la agresión al resto de los manifestantes, lo cual hace inexplicable y absurda la violencia si ninguno de los detenidos participó en la supuesta turba.
Es un hecho irrefutable que para el grupo en el poder la negociación para alcanzar acuerdos no está en su esquema de gobierno.
No hay puntos medios, aquí se hace y se cumple con los caprichos del todopoderoso, con la advertencia de que cualquier muestra de inconformidad se castiga con la cárcel y ahora hasta con la vida.
Si una bala de goma o un proyectil como los lanzados en el operativo de Chalchihuapan le cuestan la vida a un civil, esto se convierte en un asesinato. No hay legítima defensa ni nada que justifique la represión policiaca.
Sean lesiones u homicidios, existe responsabilidad de los policías, de sus mandos directos y los superiores, hasta el más alto rango en el escalafón estatal, léase gobernador del estado.
No son delitos imprudenciales porque de antemano está documentado que ese tipo de armas antimotines tienen el riesgo de ser letales.
La perforación del cráneo del niño, la impresionante lesión en la mejilla de un manifestante que se aprecia en fotos y vídeos, así como las múltiples lesiones provocadas a medio centenar de inconformes deben ser analizadas como delitos, debido a que el hecho de que sean uniformados no los exime de cumplir con reglas y protocolos en este tipo de operativos.
¿O acaso no podían haber disuadido a los manifestantes con una tanqueta de agua o con simples gases?
Está claro que se trataba de dejar un precedente que sirviera de medida ejemplar lastimando por mandato a quien estuviera enfrente.
Son las características de los gobiernos represores, los cuales apuestan a gobernar con base en el miedo antes que en el diálogo.
Lamentablemente, esta vez fueron muy lejos y como consecuencia de ese autoritarismo la vida de un menor está de por medio.
Sólo espero que lo que le sucedió a este niño sirva para despertar la conciencia de los poblanos y que se despierten para darse cuenta de que hoy en este estado lo mismo nos puede pasar a nosotros, porque “todos somos Tlehuatle".

Tras esta cita, solo quiero agregar que hoy que se cumple un año de este lamentable homicidio, que de acuerdo a la CNDH es responsabilidad del gobierno morenovallista, el Señor de los Cerros decidió iniciar sus vacaciones de verano.
Esa es la sensibilidad del gobernador de Puebla.
Por eso estamos como estamos.