Sin más pruebas que una polémica confesión, hecha sin su abogado defensor presente y sin sustento de prueba, en las próximas horas José María Sosa Álvarez (a) "Chema", acusado de manera inicial por falsedad en declaraciones judiciales, va a enfrentar a la justicia poblana por el cargo de feminicidio en agravio de Paulina Camargo Limón, de 19 años de edad, que cumple 58 días de desaparecida, delito sancionado con 60 años de prisión.
La reacción de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), al consignar el expediente por desaparición de persona al Juzgado Tercero de Primera Instancia tiene dos razones, la primera, despertar el asunto que la misma dependencia censuró para colocar una cortina de humo, en el caso de la negligencia de la procuraduría para poder haber resuelto en forma satisfactoria ni un solo caso de linchamiento y la segunda porque el asunto ya estaba empantanado y la defensa de José María ya tenía alegatos suficientes como para demandar ante las autoridades federales su pronta libertad.
Las cartas sobre la mesa
El caso de la desaparición de Paulina Camargo ha sido antesala de muchas discusiones legales, fuera del acto oficial, que de primera entrada niegan que pueda existir un delito de feminicidio nada más porque, de acuerdo con las mismas investigaciones que realizó la PGJ no existía una relación romántica entre la desaparecida Paulina, de quien no se confirma en forma fehaciente que haya sido asesinada, y su pareja José María, por lo cual estaría quedando solo en homicidio.
Además, la PGJ ha desestimado varias líneas de investigación por el caso Paulina.
Un ejemplo claro es que el Ministerio Público no investigó lo de las supuestas llamadas que recibieron los familiares de Paulina, que indicaban que había sido secuestrada o se trataba de extorsionadores.
Otro hecho que la PGJ no ha explicado o mejor dicho no lo hace para que no se confirme la negligencia en la investigación, fue por qué tardó casi 20 días para asegurar el cateo a la casa donde vivía José María y su hermano, además de por qué realizó cateos a la misma cuando ya había más familiares del sospechoso viviendo en ese lugar.
¿Jamás se les ocurrió pensar que ya se había contaminado el sitio donde pudo haber ocurrido un crimen?
Además, sería como para Ripley que un baño de un departamento de Infonavit haya podido ser alterado para ocultar un cuerpo.
Parece de risa, pero en esos departamentos cuando alguien estornuda el vecino contesta "salud".
En otras palabras, la PGJ carece de todas las pruebas necesarias para poder consignar a un estudiante por un caso de homicidio, sobre todo si pretende "para la foto" anexarle el feminicidio.
Deja a manos de los abogados defensores de José María toda la posibilidad de "vestirse de luces" para ganar el caso con un amparo federal.
Nos vemos cuando nos veamos
Twitter @PonchoPosa
