El pasado 30 de octubre, el grupo en el poder, vía  consejeros del Instituto Nacional Electoral, impuso a los nuevos integrantes del OPLE, la mayoría ligados al morenovallismo.
Ante el hecho, PRI y de Morena impugnaron la designación del Organismo Público Local Electoral de Puebla (OPLE), toda que no cumplían con la imparcialidad que se requiere para llevar un proceso electoral.
Ambos partidos acusaron a los nuevos consejeros de tener nexos con el morenovallismo. Incluso, algunos de los consejeros reconocieron su cercanía con el grupo en el poder.
Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la conformación de los nuevos consejeros del OPLE Puebla.
La impugnación del PRI y de Morena en contra del proceso de designación de los nuevos consejeros del Organismo Público Local Electoral de Puebla (OPLE) no surtió efecto a pesar del alegato de los partidos políticos de que los consejeros no serán imparciales.
El instituto mantiene así a los consejeros que el PRI y Morena acusaron de ser funcionarios del morenovallismo en el organismo electoral como Jacinto Herrera Serrallonga, Juan Pablo Mirón Thomé Flor de Té Rodríguez Salazar y Federico González Magaña. 
Además de los consejeros que se presume representan políticamente los intereses del PRI como Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, Claudia Barbosa Huerta y José Luis Martínez.
La conformación del OPLE fue impugnada por los aspirantes a consejeros electorales Juan Manuel Crisanto Campos y por José Luis Mendoza Tablero. Sin embargo, los magistrados del Tribunal no consideraron ilegal la militancia partidista o el haber sido funcionario del gobierno en turno como impedimento para ser consejeros electorales.
Las querellas resaltaban los vínculos políticos de cuatro consejeros electorales con el gobernador Rafael Moreno Valle; además, haber aparecido como militantes del PRI.  
Pero la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, quien realizó el estudio de las impugnaciones descartó que haber sido militante de algún partido político o funcionarios de algún partido les impidiera ser consejeros electorales.  
“La ponencia propone, en primer lugar, acumular los juicios y recursos y confirmar los acuerdos impugnados, toda vez que se considera que no es impedimento para los aspirantes a consejeros de organismos electorales locales el ser militante o afiliado de algún partido político, o bien, laborar como empleado en alguna dependencia gubernamental estatal”.
De esta forma, las elecciones de 2016 estará en manos de un grupo de consejeros que son señalados de cuidar los intereses del grupo en el poder. ¿Y la imparcialidad?