Mientras que por un lado la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO), indaga la agresión armada ocurrida la madrugada del martes 1 de marzo en las instalaciones de un palenque clandestino, donde pudieron haber sido ejecutadas dos personas y levantadas unas 12, para que luego sus cuerpos aparecieran disueltos en tambos de plástico azul, por otra parte la misma SEIDO indaga propiedades y negocios de otro clan del crimen organizado, que si no operan en Puebla, por lo menos viven aquí.
Desde la mañana del lunes y hasta la tarde del martes, investigadores de esta Subprocuraduría, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), realizaron cateos en oficinas del edificio Adamant, además de residencias en los fraccionamientos: San Martinito, que se ubica en San Andrés Cholula y Arboledas del Pedregal, de la ciudad de Puebla, en busca de fotografías, documentos o pistas que se puedan utilizar para armar otra investigación más en contra de los varones de la mafia.
De paso, los investigadores, que se hacen respaldar por personal de la Secretaría de Marina, del Ejército Mexicano, de la Policía Federal, además de la Agencia de Investigaciones Criminales, durante las intervenciones policiacas evitaron que se acercaran reporteros de medios informativos y curiosos.
Y como ocurre en este tipo de operativos, las corporaciones de policía locales, lo mismo que las autoridades, no están invitadas a estas investigaciones, entre otros motivos porque se presume su vinculación con el crimen organizado y procuran que no se registre la conocida “fuga de información”.
Desde los primeros días del mes de marzo fue cuando se recrudeció la presencia de las autoridades federales en Puebla, primero con la detención del líder de la organización delictiva de Los Rojos, que tenía su residencia en El Cristo, en la ciudad de Atlixco, y luego con estas incursiones, aunque también se presentó el caso del palenque clandestino, que terminó siendo una verdadera carnicería.
Sobre este hecho, del que de manera extraoficial se dijo que se trató de una célula de Los Zetas para eliminar a otro grupo que ostentaba el mismo nombre y se dedicaba al robo en ductos de Pemex, tráfico de drogas, secuestros, extorsiones y asalto a transportes, podrían estar implicados funcionarios del municipio de Cuautlancingo y otras autoridades.
Pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) se ha mantenido con muchas reservas para informar de lo que está ocurriendo, los trascendidos indican que policías municipales, de los que están sujetos a investigación, habrían revelado información confidencial del por qué no denunciaron la presencia del grupo armado que llegó por los apostadores y esto implicaría hasta el mismo presidente municipal.
De los “falsos Zetas”, en este espacio les comenté que al menos dos de los desaparecidos y luego disueltos eran poblanos.
Le comenté que:
Por lo menos dos de los hombres que habrían sido disueltos en ácido en tambos localizados en el predio de Yepaxotlán, del municipio de San Andrés Calpan, podrían ser poblanos y estar implicados en las mafias del narcomenudeo local, revelan investigaciones que realizan por separado la Fiscalía General del Estado (FGE), así como la Fiscalía de Investigación de Secuestros y Delitos de Alto Impacto.
Y es que dos de los “desaparecidos”, de los que solo se les conoce con los apodos de “El Cholo” y “El Beni”, de quienes los investigadores conocen sus nombres y no los han revelado, serían el hermano y el padre de un hombre que el 6 de enero pasado fue ejecutado en la ciudad de Puebla cuando iba a bordo de su vehículo BMW y quien tenía antecedentes penales por el delito de narcomenudeo.
Del primer caso que le comento, ocurrió la tarde del 6 de enero de 2016 en la 32 Poniente y 31 Norte, de la colonia Nueva Aurora, donde quedó el cuerpo sin vida de Javier Magaña Alvarado, quien tenía 19 años de edad y presentaba dos impactos de arma de fuego, uno en el tórax y otro más en el cuello.
El cuerpo del joven quedó frente al Home Depot, estaba tirado en el pavimento, pero hubo quien aseguró a los policías municipales que llegaron al auxilio que le había sido robado un vehículo de modelo reciente, por lo cual la movilización continuó en el norte de la ciudad de Puebla.
Más tarde, en el bulevar de La Pedrera y la 32 Norte fue hallado el BMW, de color blanco, por lo cual fue asegurado por la Policía Ministerial del Estado (PME) y quedó a disposición del Ministerio Público de Homicidios, quien se hizo cargo de las primeras investigaciones.
Justo en ese momento trascendió que Javier Magaña Alvarado había estado detenido en la cárcel de San Pedro Cholula, en 2013, como presunto responsable del delito de narcomenudeo.
Y las investigaciones aún continúan.
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