Lo que sucede en Puebla rebasa por mucho lo imaginable.

El llamado “Triángulo Rojo” se ha convertido en un feudo del crimen organizado; una región sin ley donde solo impera la fuerza de la amenaza y la intimidación.

Es la región perdida de Puebla.

Pero el poder que han adquirido las bandas de cuachicoleros se debe a la protección que reciben desde los más altos niveles ministeriales y policiacos.

Para nadie es un secreto que en la Fiscalía General del Estado se realizan pingües y generosos negocios.

Sin duda el más sonado es el que encabezan los hermanos José Carlos y Juan Francisco Proal Díaz de Urdanivia, quienes tienen como su centro de operaciones la oficina de ambos en Cholula.

La magia jurídica que se ejerce en ese despacho es que los asuntos civiles, mercantiles o hasta familiares que llegan a su puerta, son convertidos en temas penales.

Así, un litigio de corte civil se presenta como “fraude” y se desahoga en 48 o 72 horas.

José Carlos Proal utiliza su investidura como alto funcionario de la FGE para que la denuncia sea recibida, rápidamente se le asigne el número de carpeta de investigación y un grupo de la Policía Ministerial sale a ejecutar las acciones de los citatorios respectivos.

En muchas ocasiones el director de la Policía Ministerial ni siquiera se entera de lo que hacen sus elementos, quienes reciben órdenes directas de Proal.

Así, asuntos civiles y mercantiles donde se mueven millones de pesos, se convierten en materia penal en manos de los hermanos Proal.

Por supuesto la ética no es el fuerte del abogado José Carlos Proal, quien en tres ocasiones reprobó los exámenes de control de confianza y aún así permanece dentro de la Fiscalía, en uno u otro cargo, pero siempre bajo la protección y cobijo de Víctor Carrancá.

Dentro de la misma institución se comenta que Proal presume los viajes que realiza a Estados Unidos y Europa junto con el fiscal general y que este es el verdadero motivo de la protección inusual que le brindan.

Pero el tema de fondo es que en meses recientes se ha registrado una serie de compras de bienes inmuebles en la región de Tecamachalco y Tepeaca. Los compradores de esas casas y enormes terrenos son personas desconocidas en esas poblaciones; de la noche a la mañana aparecieron y compran ranchos de 10 o 15 millones de pesos.

Los ofrecimientos de compra los hacen sujetos que llegan en camionetas de lujo como Lincoln o Suburban.

Una mañana se presentan en un rancho y con maneras más o menos impositivas ofrecen comprarlo, a la brevedad. Con este modus operandi están adquiriendo decenas de propiedades en Tecamachalco, Palmar de Bravo, Tepeaca y Amozoc.

De manera por demás curiosa y coincidente, el abogado Juan Francisco Proal alias “El Grillo” aparece frecuentemente en notarías de Tecamachalco.

Sí, el mismísimo hermano del poderoso funcionario de la Fiscalía.

Ántrax en Cuautlancingo

No tiene mucho que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación contra todo un personaje que él mismo se dice, del crimen organizado.

Se llama Antonio G. O., procedente de Guerrero, y no tiene ‎mucho que vive en algún punto de Cuautlancingo, cerca de donde se encuentra el Centro de Operaciones (C-5), de la Fiscalía General del Estado y anexas.

Este hombre fue detenido por portar un arma escuadra calibre .3.80, con un cargador abastecido con 9 proyectiles, además en la bolsa llevaba una bala de AK-47.

Al fulano le fue confiscado un teléfono celular donde tenía mensajes de escalofrío.

Levantones, ejecuciones, cobro de piso, extorsiones y algunos saludos fraternales.

Quienes lo ubican en Cuautlancingo ‎dicen que pertenece al grupo de los Ántrax.

Que en ese municipio se ha dedicado a las extorsiones y a otros negocios.

Actualmente está detenido por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, pero podría quedar libre.

En su nómina personal está la Policía Municipal de Cuautlancingo, la Ministerial y otras corporaciones.

Existe temor de que este hombre salga libre.

Ya se las juró a todos.

Nos vemos cuando nos veamos.