En la semana que está por venir será anunciada formalmente a quien ocupará el cargo de secretaria de la nueva secretaría que se encargará de los asuntos étnicos de la entidad, institución cuya creación ocurrió en los primeros días del presente año.
Lo anterior, como parte de los acuerdos que hizo el actual gobernador, durante su campaña, con las etnias locales.
Será una oportunidad inmejorable para el gobierno local muestre que en verdad tiene interés en este sector de la sociedad poblana, que ha sido tradicionalmente considerado por el Estado mexicano y los gobiernos locales como un obstáculo a la idea de nación y, asociado a ella, la idea de progreso del tipo occidental.
El reconocimiento de las étnicas y la incorporación de la idea de construir una nación pluricultural, ha sido una especie de jugada del poder para, a la vieja usanza, reconocer a los grupos con el fin de institucionalizar y canalizar su descontento por la vía institucional, negándole sus plenos derechos.
Lo que ha ocasionado que esas políticas estén impregnadas de ese poder colonial que se impuso como matriz durante la Conquista y que no ha sido eliminada.
A los pueblos prehispánicos se les ha clasificado como pobres como una manera de eliminar su individualidad y, de esa manera, una vez clasificados, sirvan a los intereses de quienes los clasifican.
Lo anterior no es discurso. Si un grupo en la entidad se ha visto afectado en los últimos tiempos son precisamente los grupos étnicos y a los que, quien se podría imaginar, están siendo objeto de la más brutal de las políticas neoliberales, a través de casi 300 proyectos mineros que se han autorizado en la entidad.
Concesiones mineras en 46 municipios poblanos
De acuerdo al grupo ambientalista Tierra Baldía: “… el reporte de concesiones mineras publicado por la Secretaría de Economía, los 226 títulos vigentes se encuentran distribuidos en 46 municipios, de los cuales la mayoría se concentra en la Sierra Norte del Estado.
En total, son 149 mil 483.94 hectáreas las que están comprometidas en la actualidad para el desarrollo de estos trabajos, lo que es equiparable a una superficie tres veces del tamaño del municipio de Puebla, la cual estará en posición de particulares hasta el año 2065.
Si bien son más de 200 títulos de concesión en operación a la fecha, de éstos 76 se encuentran en manos de empresas mientras que el resto son operados por particulares; sin embargo, en el reporte no se indican sus nombres por protección a sus datos personales.
Llama la atención que existe un proyecto, dividido en las etapas Oriental I y Oriental II, que abarca 19 mil 522 hectáreas de la región de Libres, San José Chiapa, San Salvador El Seco y Tepeyahualco, sin que se den detalles de cuáles son los bienes que se pretenden explotar en la zona, pero que se posiciona como la inversión de particulares más grande que se tiene autorizado.
Sin embargo, aunque en número son más los particulares que tienen concesiones, son las empresas las que acaparan la mayor superficie autorizada para minería.
Por ejemplo, las 24 empresas titulares de los permisos emitidos por la SE tienen bajo su poder 87 mil 783.269 hectáreas de todo el Estado, es decir, estas compañías acaparan el 58 por ciento de todo el territorio concesionado.
Pero el tema va más allá, pues son las empresas de origen canadiense las que tienen preferencia en estos proyectos mineros; un ejemplo de esto es que las compañías Almaden Minerals y Linear Gold Corp tienen concesiones sobre 57 mil 320 hectáreas en todo el Estado, es decir, ambas transnacionales son prácticamente dueñas de un pedazo del Estado similar a la superficie del municipio de Puebla.
En segundo lugar se encuentra Grupo Ferrominero, empresa de origen mexicano, que tiene concesionadas, por medio de sus filiales, 11 mil 660 hectáreas principalmente en la región de Teziutlán donde ha operado por años.
Le sigue Minera Frisco, la cual por medio de sus filiales Minera San Francisco del Oro y Minera Meteoro opera en 11 mil siete hectáreas; Frisco es parte de Grupo Carso, y es propiedad de Carlos Slim Helú.
El proyecto que más conflictos ha ocasionado es el que intentó detonar en la zona de Tetela de Ocampo, en particular en el cerro Espejeras, el cual se pretendía explotar por medio de una mina a cielo abierto, para lo que incluso recibió el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero fue por medio de la movilización de la comunidad que se logró detener la obra.Llama la atención que dentro de los permisos vigentes reportados por la SE no se encuentra el que ostenta la empresa china JDC Minerals que busca reactivar la mina La Lupe en el municipio de Zautla, aunque se ha topado con negativas tanto de la Semarnat como de los pobladores de la región”.
En otras entregas iremos tocando algunos otros aspectos que por razones de espacio no son posibles. Pero concluimos con señalar que la nueva secretaria deberá poner énfasis en los verdaderos problemas que tienen su fondo histórico en la matriz colonial que, como se puede apreciar, ahora parece que tienen las mismas tonalidades que en el pasado, la explotación minera entre otros problemas.
