Cuando el fiscal general de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, dijo que habían faltado elementos de prueba para mantener en prisión a 23 de los más de 70 detenidos tras el operativo Encrucijada en Atzitzintla, hace dos semanas, contó una verdad a medias que buscaba esconder inconsistencias inadmisibles en dicha dependencia en un momento preciso para golpear a una de las expresiones más duras de la delincuencia organizada, como las pandillas encargadas de la ordeña de ductos de Pemex.

El acopio de pruebas y la observancia de las normas y procesos establecidos a la luz del Nuevo Sistema de Justicia Penal habrían permitido además, mandar una señal de la nueva administración estatal en el sentido de que no se negocia ni se permite, como sucedió en el gobierno anterior, operar con manga ancha a los grupos delictivos dedicados a saquear lo poco que queda de la paraestatal.

Haber reconocido que fueron atropellados protocolos establecidos en el nuevo paradigma en materia de procuración y aplicación de la justicia penal habría significado un golpe a la debilitada imagen como servidor público heredado de la administración del exgobernador, Rafael Moreno Valle, a quien en realidad cuida las espaldas.

Consultados, especialistas en derecho penal coinciden en que el despliegue territorial el viernes 10 de marzo en la zona conocida como “El Triángulo Rojo”, sus mecanismos de operación, la detención y luego la puesta a disposición de las autoridades respectivas, convierten a todo el proceso en una acción institucional vulnerable.

En un ámbito en el que admitir yerros desde la función pública es infrecuente, Carrancá Bourget decidió que una buena coartada para explicar la liberación de 23 del conjunto de individuos presentados, era la falta de pruebas para procesarlos, aunque resultara una explicación inverosímil desde la óptica de la aplicación estricta del Estado de Derecho.

Lo que el fiscal decidió callar es que en la acción de la madrugada de ese día faltaron las obligadas órdenes obsequiadas por un juez para catear y aprehender a los sospechosos de haberse coludido con presuntos criminales que dos días antes habían ejecutado a tres elementos de la Policía Ministerial de Puebla.

También evitó decir que en el proceso de elaboración de expedientes, los policías ministeriales llenaron formularios no contemplados en el nuevo esquema al que se obliga y que aprobó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que preside el Presidente, los titulares de la Sedena y la Armada Marina de México; los gobernadores —entre ellos el de Puebla— y los procuradores o fiscales.

Y un detalle que deviene un error imperdonable fue la falta de reportes de los detenidos y presentados a Plataforma México, esa bitácora en la que se registra todo tipo de actividades, confiscaciones y detenciones de probables integrantes de grupos de delincuencia organizada.

Nada de eso fue observado en el operativo Encrucijada. Hay abogados que aseguran que de los más de 70 detenidos, todos debieron haber salido libres, salvo un criterio unánime: Carrancá Bourget es el brazo político que fabrica culpables.