El director de la Policía Municipal en la ciudad de Puebla, Paulo César Quiroz Martínez, está por poner de cabeza a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y generar un escándalo en la administración del edil Luis Banck Serrato, jefe del complaciente Alejandro Santizo.
La continuación de la historia comenzó el martes cuando Parabólica.MX publicó que un elemento de nombre Ariel Aldaco Tlaxcala había sido desaparecido por órdenes de Quiroz Martínez, después de haber sido sometido a un intenso proceso de maltrato, tortura física y psicológica en la oficina del mando policiaco por un detalle que parecía menor.
La alarma en un grupo de cercanos a Aldaco Tlaxcala tenía una razón: había sido llevado por los escoltas de Quiroz Martínez para cobrar una factura personal, en medio de un desorden en la vida privada de este, que ha sido revelado por los medios con frecuencia por los amoríos constantes en una instancia pública.
Una mujer con quien el autor del maltrato al joven instructor de armería está en periodo de gestación, ha dado motivo a un retiro con goce de sueldo con cargo al erario del municipio capitalino, por el solo hecho de ser la madre futura del niño de Quiroz Martínez, protegido de Alejandro Santizo, el secretario.
Una llamada telefónica del área de Comunicación Social hizo notar que no estaba desaparecido, sino que comparecía en la Unidad de Asuntos Internos por una ‘denuncia anónima’, de la que no se profundizó tras una larga explicación del protocolo disponible. La versión de la dependencia fue publicada apenas fue recibida, como buena norma del oficio.
El problema es que Aldaco Tlaxcala, la víctima del director de la Policía Municipal, no solo no estaba en donde dijeron que estaba. Mintieron quienes ofrecieron la primera versión del episodio para exculpar un probable caso delictivo en las instalaciones de la SSPTM.
En realidad había sido llevado por los escoltas al edificio del C5 en Periférico Ecológico, en el municipio de Cuautlancingo para calentarlo, luego de haberlo despojado del teléfono de su propiedad, en donde encontraron las fotografías comprometedoras del mando policiaco que han circulado en la prensa en los últimos días.
Sometido, acorralado y forzado, firmó su renuncia voluntaria luego de que encontraron imágenes de una pistola calibre .22, lo que dio origen a una amenaza de ponerlo a disposición de la Procuraduría General de la República bajo cualquier acusación. Firmar la renuncia voluntaria lo puso a salvo, por lo pronto.
En las próximas horas, tramitará un amparo y acusará formalmente a todos los involucrados de esta historia por el presumible caso de privación ilegal de la libertad, amenazas, violación a las comunicaciones y los que resulten. Testigos abundan, desde los uniformados de guardia hasta el personal administrativo que presenció la escena de maltrato y patanería.
Para ponerlo en buen español, la bragueta del director de la Policía Municipal colocará sin remedio a la administración municipal en medio de un pleito legal y un escándalo mediático por una razón elemental: el empecinamiento institucional por cubrir las espaldas de un impresentable servidor público con afanes de Don Juan.