Empeñado en terminar con la fuente de corrupción en que se convirtió el gremio notarial en los últimos años, el gobernador Antonio Gali Fayad prepara una nueva Ley del Notariado que permita poner un freno a la rapiña desatada.

Considerada como una especie de casta divina, según fue revelado por una fuente autorizada al autor de la columna, en la mira están varios de los presuntos responsables de actos indebidos y hacer de las suyas en materia de protocolización de derechos ejidales, suplantación de propietarios de inmuebles, afectaciones a personas que por ignorancia y pobreza ceden “enormes superficies ejidales por cantidades irrisorias”.

Ya hay probables responsables de este tipo de prácticas convertidas en tarea común: Horacio Hidalgo Mendoza, Horacio Hidalgo Mena, Ernesto Zambrano Ramos, Geudiel Jiménez Covarrubias, Carlos Meza Viveros y su notaría auxiliar, Martha Elena Aguilar González, considerada la “principal maquiladora de compra-venta y cesiones de derechos al margen de la ley”.

En la lista también estarían Norma Romero Cortés, María Isabel Cajica Lozada, María Judith Espejel González y José María Fuentes Aguilar, a quienes se les tiene en la mira de una acción poco frecuente: visitas especiales a los “notarios públicos cuya fama de violar la Ley del Notariado y con ello cargarle el muertito al Ejecutivo estatal como titular originario de la fe pública delegada en estos notarios, se han enriquecido a través de actos deleznables”, narró la fuente.

Adelantan al reportero que el nuevo proyecto de Ley del Notariado sí traerá dientes, lo que permitiría ratificar el compromiso expreso del gobernador Gali Fayad en materia de combate a las distintas expresiones de corrupción desde la esfera pública.

Se considera incluir de una manera contundente la pérdida de la patente notarial, lo que no se ha visto en años en el escenario poblano; suspensión temporal de labores “una vez demostrado cualquiera de los actos descritos anteriormente”, con lo cual se terminarían los atropellos en materia de seguridad jurídica.

La iniciativa que renovará la que originalmente propuso Rafael Moreno Valle pretende terminar con auténticas patentes de corso de un grupo de notarios que se dijeron cercanos al exgobernador y que han llenado de juicios de nulidad a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia.

Será creada la figura del Consejo Ciudadano, que garantice la imparcialidad en las visitas previstas a notarías cuyos titulares son objeto de sospecha por la probable conducta ilegal. Adelanta la fuente que al mandatario “no le temblará la mano ni le une compromiso alguno con los miembros de esta casta divina”.

Recordó que “uno de los compromisos adoptados por el hoy gobernador en materia de procuración y administración de justicia fue velar porque los funcionarios dependientes de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Superior de Justicia” den certeza jurídica a fin de evitar la tramitación innecesaria de procedimientos engorrosos. Por ello es que ya afinan la puntería.