Entre el jueves y el lunes de esta semana fueron robados casi 40 vehículos, indican los datos a los que este reportero ha tenido acceso y que son los mismos que tiene el C-5, el centro de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

Algunos automotores se los llevaron con lujo de violencia, otros los ladrones aprovecharon el sigilo, pero igual han pegado en el patrimonio de los propietarios en el territorio.

La delincuencia opera en todo el estado, aunque la sociedad en general y quienes tienen acceso hoy en día a las redes sociales subrayaron con severidad en las últimas horas la coyuntura que se vive en la capital del estado y sus municipios conurbados, una de las zonas metropolitanas más grandes y complejas del país.

El edil de la capital, Luis Banck Serrato, ha sido quien más alta ha tenido que pagar la factura por la ola criminal que azota a los habitantes de la capital. Enfrenta en estos momentos el reto más complejo de su gestión, pues el consenso que deriva de la gobernanza comienza a romperse, lo cual supone una de las etapas más críticas para quien encabeza un gobierno como el de la capital.

Frente al dolor por la pérdida de vidas humanas como sucedió el fin de semana en la Pozolería Los Ángeles, donde un padre e hijo mueren por un asalto armado no puede haber coartada ni excusa, sobre todo cuando es notoria la aspiración política del jefe de la Comuna capitalina.

En mala hora heredó Banck Serrato el gobierno de la cuarta ciudad más grande del país, solo después de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Nadie hubiera podido imaginar que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el país hubiera tenido tal impacto en las calles.

Y es que uno de los ejes centrales del esquema en materia de impartición de justicia era desahogar las cárceles del país, ya de por sí saturados y al mismo tiempo aplicar la máxima de justicia expedita.

Esas variables colocaron en las calles a más de 2 mil 400 sujetos a proceso penal por delitos menores, pero procesados al fin. La sola mención de esa estadística puede ofrecer una aproximación del tamaño del reto de la autoridad municipal.

Los titulares del área de seguridad tienen una responsabilidad en la tarea preventiva del delito, sin duda. No hay lugar para la improvisación y están en ello. En descargo de lo anterior, tienen a un lado un aliado con pies de barro: la Fiscalía General del Estado, donde priva la lentitud, la falta de recursos humanos y el exceso de trabajo.

El desaliento invade a todos en esa dependencia, desde auxiliares, agentes del Ministerio Público, comandantes, ministeriales y peritos.

Las condiciones laborales para desahogar el cúmulo de carpetas de investigación son extenuantes y esa condición fue generada desde la gestión anterior, que decidió utilizar el dinero en obras no prioritarias.

Los 40 autos robados en las últimas horas es un buen termómetro para medir el alto impacto que genera la delincuencia común en la sociedad en general. Entre el jueves y este lunes no hubo un solo detenido. A nadie persiguieron, nadie identificado mientras el enojo y la indignación crecen.

El presidente municipal de la capital poblana tiene un enorme reto para reconstruir el consenso necesario en un plazo perentorio. Ahora deberá demostrar de lo que está hecho.