El desprestigio del Fiscal General del Estado, Víctor Carrancá Bourget es descomunal y su lugar, insostenible.
La dependencia, llena de carencias y su personal obligado a trabajar con recursos mínimos, se llena de solicitudes, denuncias y quejas ante la sordera del funcionario que vive la dolce vita en el complejo de edificios del bulevar 5 de Mayo.
Hay trabajos que los peritos deben desahogar en distintos puntos del estado o la zona metropolitana para los que carecen de los instrumentos mínimos: un vehículo, gasolina o gastos para hospedaje y alimentación.
En la parte baja la recepción, el lumpen; los jodidos que buscan atención, que se castigue al culpable de sus pesares, sus desvelos. Arriba la plutocracia, esa burbuja dorada que ejemplifica la base piramidal de una sociedad desigual, pero que adorna sus discursos por la igualdad y la justicia.
Nada de eso sucede en el piso que ocupa Carrancá: climatizado, con plantas de ornato y obras de arte por todas partes; lleno de secretarias esbeltas y perfumadas y asistentes, muchos asistentes; un grupo de no menos de 50 agentes asignados a la seguridad personal del Fiscal y sus funcionarios; tres chefs traídos de la Ciudad de México montan guardia las 24 horas para atender las necesidades o antojos culinarios del funcionario.
Aunque no es nuevo, es preciso decir que el proceso mediante el cual fue designado para ocupar el cargo, estuvo viciado de origen. Con un grupo legislativo que sin capacidad de maniobra, sometido a los caprichos y conveniencias del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, votó en mayoría por su ratificación.
Este jueves que en ese mismo espacio legislativo comparecían los candidatos para ocupar un lugar en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, el dirigente empresarial José Antonio Quintana Gómez recordó a los diputados de los diferentes partidos políticos una de las debilidades fuentes de ilegitimidad que arrastra Carrancá Bourget.
Ahí estaban el expresidente de la Comisión de Seguridad, Franco Rodríguez cuya cuna es justamente la del sector privado y que luego devino en cabildero ante el sector empresarial de personajes impresentables, como Facundo Rosas, el exsecretario de Seguridad Pública echado del cargo por omiso o colusión con subalternos que protegían a un grupo de huachicoleros, en julio de 2015.
El Fiscal General de Puebla debió haber salido de un proceso en el que tendría que haber participado la sociedad civil, los ciudadanos, dijo palabras más, palabras menos el dirigente de Coparmex.
La sola mención formulada por el dirigente empresarial en el sexenio pasado habría provocado el enojo, la descalificación de la propuesta o el linchamiento de las plumas adictas a ese régimen plutocrático.
Hoy sin embargo se hizo escuchar y en medio de este contexto la duda cobra mayor vigor ante el latrocinio evidente: ¿aguantará Carrancá en el encargo que le cedió su jefe político, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle hasta el final de la administración?